El Central American Business Intelligence (CABI), presentó hoy algunos resultados de un estudio sobre minerí­a titulado “Mitos y Elementos para la discusión de una polí­tica minera en Guatemala”, en que se destaca que el paí­s carece de una polí­tica especí­fica para el desarrollo de esa actividad.

Miguel Gutiérrez, analista de CABI, expuso que el principal problema que enfrenta la actividad minera es la “ausencia de Estado”, particularmente en el área rural.

En ese sentido resaltó que en Guatemala para ese tema “no hay árbitro, la cancha no está marcada”, en alusión a que las normas vigentes son insuficientes para demarcar un rumbo de polí­tica claro.

El experto dijo que una polí­tica minera debe contemplar, entre otras aspectos importantes,  mecanismos de mitigación de conflictos que se generan en las comunidades donde se ubiquen las filiales de la industria extractiva.

Para el efecto, explicó que la etapa que mayor preocupación ocasiona a pobladores es la de Cierre, porque la percepción existente es que la empresa podrí­a no hacerse cargo adecuadamente, y que la fase inicial, la de Prospección, es la de “más alto riesgo” para ese tipo de empresas, pues la posibilidad de fallo se ubica en un rango de entre 80 y 92%.

En ese sentido, manifestó que debe crearse un fondo de contingencia con  parte de las regalí­as, para eliminar la incertidumbre de la población para la fase de Cierre.

Además, el analista expuso que la actividad minera representa una pequeña porción del Producto Interno Bruto del paí­s, aproximadamente 1.7% de esa variable. Sin embargo, resaltó que tiene el potencial de generar ingresos similares a los de las remesas familiares, “sin el proceso doloroso de la migración”, agregó.

Por aparte, un elemento desalentador del estudio expone que en el ranking de atracción de inversiones en minerí­a, en función de polí­ticas, Guatemala se encuentra a nivel de paí­ses como El Congo y Venezuela, por el constante cambio en medidas que afectan esa actividad.

En relación con esto último, los resultados expuestos por Gutiérrez exhiben que la poca atracción de inversiones se debe a que, por ejemplo, la incertidumbre sobre las reglas representa 90% de la decisión para invertir, mientras para paí­ses como Chile ese indicador es de cero por ciento.

Sobre el tema de regalí­as, que actualmente son de 1% y sobre los que existen anuncios que podrí­an aumentar a entre 3 y 5%, según las proyecciones de CABI, el punto óptimo, en que el Estado recibirí­a la mayor cantidad de recursos para ese rubro es el 3%, debido a que si se dieran modificaciones que se situaran por encima o por debajo de ese porcentaje, los ingresos estimados  descenderí­an de manera importante y las inversiones migrarí­a a paí­ses con diferentes incentivos.

Según la Dirección General de Minerí­a, del ministerio de Energí­a y Minas, las licencias vigentes, al 20 de enero pasado, entre materiales de construcción, minerales metálicos y no metálicos son 393, y las de explotación representan el 70% de esa cantidad.