Un informe del Ministerio de Finanzas Públicas revela que, entre el 2004 y el 2011, los subsidios estatales para el transporte público sumaron Q2 mil 122.3 millones y Q42 millones para el consumo de energía eléctrica de usuarios no afectos a la tarifa social. Este año se tienen previstas transferencias por Q379.8 millones para ambos rubros.
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La información del Sistema de Contabilidad Integrada, recopilada en un informe por la cartera de Finanzas, indica que la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos es la principal receptora de los recursos públicos por concepto de subsidios, con los Q2 mil 122.3 millones
Entre el 2004 y el 2008 se subsidió exclusivamente el funcionamiento del servicio de transporte público, pero a partir del 2009 se realizaron transferencias para el sistema de cobro prepago y el transporte para el adulto mayor.
En cuanto a la energía eléctrica, el único subsidio registrado fue en el 2010, por un monto de Q42 millones, destinado al consumo de los usuarios no afectos a la tarifa social; los fondos se transfirieron a las tres distribuidoras de energía autorizadas en el país.
SIN MEJORAS
Edgar Guerra, de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano, considera que la falta de “verdaderos controles” y “la situación, cada vez peor, del servicio” hacen necesario replantear los montos y la forma en la que el Gobierno subsidia el transporte con los recursos de los guatemaltecos.
Para los empresarios, según Guerra, se trata del “negocio del subsidio, y no el negocio del transporte”, ya que considera a ese grupo como uno de los principales beneficiados de las ayudas, y por otra parte estima que es “un pésimo negocio para el pueblo de Guatemala”, pues a su criterio los beneficios no son efectivos para los usuarios y no hay certeza de la correcta fiscalización de los recursos.
“¿Qué pasa si un bus no circula un día, o todo un mes? ¿Qué pasa si decenas de buses no circulan? ¿Se les sigue dando el subsidio? ¿Las autoridades están controlando esto?”, se pregunta Guerra.
FISCALIZACIÓN
Se solicitaron a la Contraloría General de Cuentas de la Nación los informes de auditoría sobre los subsidios que recibe la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, pero la institución solo ofreció un resumen de los procesos de fiscalización.
El documento detalla que en los últimos ocho años solo se han realizado nueve auditorías –una todavía está en proceso–, no existe información de la fiscalización de los años 2005 y 2006, y se cuentan 28 hallazgos de control interno y de cumplimiento de sanciones.
Guerra cree que “en medio de irregularidades y mal servicio” existen motivos políticos detrás de los millonarios subsidios: “Hay compromisos para acarreos de votantes en época electoral, y también se dan oscuros manejos de recursos públicos”, señala. “El gobierno de Colom fue el más dadivosos y más regalón”, apunta.
NO MÁS SUBSIDIO
Luis Gómez, de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, considera que en materia de transporte público “ha mejorado mucho el servicio”, especialmente tras la implementación del sistema TransUrbano y el servicio de cobro prepago.
El empresario considera que el subsidio es necesario para evitar un alto costo del pasaje para los usuarios; estima que en las condiciones actuales, el valor “real” del servicio supera los cinco quetzales, y eso es lo que se debería pagar si no estuvieran vigentes los aportes estatales.
Gómez explica que gracias a las ayudas del subsidio se amortizan los efectos de la economía y la violencia, pues asegura que los empresarios deben afrontar los incrementos de los combustibles y el costo de la seguridad privada, sin una variación del subsidio.
Finalmente, Gómez indicó que si se cobrara la tarifa real, sin subsidios, los empresarios podrían obtener ingresos apegados a la situación del mercado, y a su criterio, no se verían afectados por los cobros fijos.