En el año 2004 asumió como presidente de la República Óscar Berger, para un mandato de cuatro años, fue electo a propuesta de la supercúpula económica y de un grupo de partidos políticos dentro de los cuales se encontraba el Partido Patriota, fungiendo como su secretario general, Otto Pérez Molina. Por su colaboración y apoyo, Berger nombró a Pérez Molina comisionado presidencial, cargo y título que no existen legalmente. En ese cargo, Pérez Molina denunció y persiguió a diferentes personas, especialmente a miembros del anterior gobierno, es decir, de la gestión que presidió Alfonso Portillo.

A los pocos meses, tanto el PP como Pérez Molina, que había quedado electo como diputado y había pedido permiso para fungir cercanamente como comisionado presidencial con Berger, se separó de la gestión del Ejecutivo por razones que él mejor que nadie conoce, entre las cuales se encontraban las múltiples acciones deshonestas e inadecuadas que a través de la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente realizaban los hijos y yernos del mero mero.

Óscar Berger decidió que la concesión de uso y administración del ferrocarril, su derecho de vía y demás bienes, que se había otorgado a una empresa norteamericana en el gobierno de Álvaro Arzú, debería declararse lesiva, con el efecto que la misma volviera al Estado y así, él, sus allegados y “achichincles” podrían aprovecharse del ferrocarril, su derecho de vía y terrenos, de forma particular y privada. Para el efecto, emitió disposiciones legales que requerían su firma y aval y el de miembros de su gabinete, donde se declaró lesivo parte de esos contratos.

Ni corta, ni perezosa, la empresa extranjera, utilizando el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Estados Unidos, denunció la acción y recurrió al arbitraje, donde resolvieron a favor de la empresa norteamericana otorgándole el pago de Q117 millones que debería cancelar en noviembre el gobierno de Guatemala que hoy preside Pérez Molina.

Todo lo anterior hace preguntarse por qué el actual presidente no denuncia como lesivo lo actuado por el presidente Óscar Berger y lo hace responsable civil, administrativa y penalmente por el pago de Q117 millones, igual que lo hizo cuando fue comisionado presidencial. Por qué la Procuraduría General de la Nación no denuncia también, por qué la Contraloría y el Ministerio Público no proceden o es que a Óscar Berger, su gabinete, allegados y «achichincles» no se les puede denunciar, no se les puede perseguir y ante todo no se les puede pedir que respondan por su estéril y maliciosa acción.

Es procedente o no que todos los guatemaltecos tengamos que asumir, a través del Estado, el pago de Q117 millones de nuestros impuestos y qué va a pasar ahora con lo que fuera el ferrocarril, su derecho de vía y los múltiples bienes inmuebles que existen en la capital, Zacapa, Puerto Barrios, Izabal; Ayutla, San Marcos y demás.

Claro que también puede ser que la supercúpula económica pida que se proteja a su “gerente-presidente empresarial”, igual que ha hecho con otros funcionarios que violaron numerosas normas y a pesar de ello están tranquilos, de forma similar a los accionistas y directivos del Banco Empresarial, confirmándose que lamentablemente la ley no se aplica para los amigos, se aplica de forma neutra para los desconocidos y se aplica a “puro tubo y de lo más duro” para cualquier persona que políticamente no sea de la cúpula, allegados a la misma o del partido de gobierno. “Cosas veredes, Sancho amigo” y si alguien lo duda puede ir a revisar numerosos expedientes, denuncias o acciones que siguen sin ningún resultado.

¡Guatemala es primero!