«Su despido fue su sentencia de muerte»


El cadáver del Ví­ctor Rivera fue llevado a la morge del INACIF. En la gráfica, momento en que salí­a de dicha institución.

Diversas y muy polémicas reacciones provocó la muerte violenta del ex asesor de seguridad del Ministerio de Gobernación, Ví­ctor Rivera, en donde destacan las quejas en contra del gobierno por no brindarle seguridad personal, luego de que él tratara casos muy delicados en su labor como funcionario.

Redacción La Hora
lahora@lahora.com.gt

Con fortaleza, la diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, manifestó que el Gobierno es responsable por no haberle proporcionado seguridad al ex asesor.

«La destitución de Ví­ctor Rivera recae en el gobierno de la República como una sentencia de muerte en contra de él. Ellos firmaron su sentencia de muerte el dí­a en que fue destituido», dijo la parlamentaria, quien criticó que no se le haya dado seguridad, a pesar de haber investigado casos vinculados al crimen organizado. También emplazó al Estado para que en término de una semana esclarezca el hecho.

Asimismo, Carlos Zúñiga, presidente de la Cámara del Agro y ex presidente del Cacif, lamentó en su momento la destitución de Rivera, ya que ésta habí­a obedecido a intereses polí­ticos; el cese de sus labores fue realizado sin que hubiera otra persona que lo sustituyera.

Dijo, además, que hay una responsabilidad del Estado al no haberle proporcionado la seguridad necesaria a un personaje como Rivera; al respecto, Ricardo Gatica Trejo, vocero del Ministerio de Gobernación, argumentó que el ex asesor nunca gustó de utilizar protección particular, caracterí­stica que fue confirmada por ílvaro Matus, fiscal de Delitos Contra la Vida, quien también refirió que el ahora fallecido nunca gustó de utilizar armas para protegerse. «í‰l decí­a que cuando llega la hora, llega», dijo Matus en una entrevista a una radio local.

Varias lecturas

Según el analista de seguridad Mario Mérida se pueden hacer varias lecturas del caso; la primera, que es demasiado prematuro adelantarse a especular, así­ como que este crimen agrava la percepción de la ciudadaní­a en el tema de seguridad, ya que era un ciudadano de prominente calidad, debido al servicio que prestó por años al paí­s.

La importancia de este asesinato crece, según el analista, por deberse a un ex funcionario que recientemente fue separado de su cargo, lo cual despierta muchas suspicacias al respecto.

Para el diputado del Frente Republicano Guatemalteco, Arí­stides Crespo, es lamentable que este tipo de hechos ocurriera en el paí­s, ya que esto refleja una crisis real en materia de seguridad.

«Nosotros vemos con preocupación que ya no importa que sea un encumbrado funcionario o un guatemalteco que no tenga esa jerarquí­a. Estamos retrocediendo muchos años. Creemos que las autoridades de investigación, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Gobernación tienen la gruesa obligación de dar respuesta sobre lo que ha ocurrido», aseveró el legislador eferregista.

Otto Pérez Molina, secretario del Partido Patriota y lí­der de la oposición, condenó el hecho, y se manifestó en ví­a de que la violencia ya ha alcanzado lí­mites inimaginables. Aseguró que ellos dieron la cara cuando criticaron el trabajo de Rivera, pero consideran que el mensaje es claro: «violencia, inseguridad e impunidad», anotó.

Al ser cuestionado sobre el supuesto señalamiento que el Comando Antisecuestros hiciera en el que se le sindicaba de estar detrás del asesinato, se irritó y dijo que esas declaraciones son irresponsables. Ordenó a Roxana Baldetti investigar el nombre de la persona que habí­a dado esas declaraciones.

Por su parte, Roxana Baldetti, diputada del Partido Patriota, reconoció que Rivera resolvió varios casos de secuestros, pero recordó que hay muchas denuncias de abusos por parte del equipo que dirigió el ex asesor de gobernación, mismas que aún guarda. «Hay un dicho que dice: candil de la calle, oscuridad de su casa y a él, el tema de seguridad le falló», dijo enérgicamente, mientras declaraba: «no entendemos cómo él podí­a andar en un carrito como ese, debí­a andar en un carro blindado», exclamó la parlamentaria.

Desde su punto de vista, la activista y experta en seguridad democrática, Carmen Rosa de León Escribano, dijo que el Consejo Asesor de Seguridad, analizará el asesinato de Rivera en la sesión ordinaria de hoy. «Estamos asombrados por la forma como murió esta persona. Seguimos siendo ví­ctimas de las peleas entre bandas que se dan en nuestro paí­s. Me imagino que por los casos que Rivera tuvo en sus manos como asesor del Ministerio de Gobernación, debió haber afectado varios intereses de grupos organizados, pero yo no puedo establecer ninguna hipótesis, sino que lo harán las autoridades», dijo.

«No descartamos ninguna hipótesis; el ataque pudo venir de cualquier lado por los casos que él (Rivera) en su momento investigó: secuestros, extorsiones y robo a bancos entre muchos otros; pudo ser cualquier persona pero vamos también a verificar si habí­a interpuesto alguna denuncia por amenazas».

ílvaro Matus

fiscal de Delitos Contra la Vida

«La destitución de Rivera recae en el gobierno como una sentencia de muerte en contra de él. Ellos firmaron su sentencia de muerte el dí­a en que fue destituido»

Nineth Montenegro

diputada de Encuentro por Guatemala

«Lamentamos en su momento su destitución, pues no hubo alguien que lo sustituyera.»

Carlos Zúñiga

ex presidente del Cacif

«La importancia de su asesinato crece debido a su reciente despido del Gobierno»

Mario Mérida

experto en seguridad

«Veo muy lamentable la situación de la violencia en Guatemala, creo que la inseguridad está llegando a momentos de crisis real.»

Arí­stides Crespo

diputado del FRG

«Condenamos el hecho, pues rebasó los lí­mites.»

Otto Pérez Molina

secretario general del Partido Patriota

«No entendemos cómo él podí­a andar en un carrito como ese, debí­a andar en un carro blindado.»

Roxanna Baldetti

diputada Patriota

«Estamos asombrados por la forma como murió esta persona. Seguimos siendo ví­ctimas de las peleas entre bandas que se dan en nuestro paí­s. Me imagino que por los casos que Rivera tuvo en sus manos como asesor del Ministerio de Gobernación, debió haber afectado varios intereses de grupos organizados, pero yo no puedo establecer ninguna hipótesis, sino que lo harán las autoridades».

Carmen Rosa de León Escribano

experta en seguridad democrática