Los lectores que siguen esta columna, saben perfectamente que hemos promovido búsqueda de la justicia y el imperio de la ley, a través de las acciones y denuncias presentadas por la autorización ilegal otorgada por la SAT a la entidad Tiendas Libres de Guatemala S.A., en la que se permite operar a un Depósito Aduanero como tienda libre de impuestos.

Sabrán también que la Corte de Constitucionalidad, el 30 de julio del 2012, publicó una sentencia en la que indicaba que la SAT había violado la Constitución, usurpado funciones del Congreso, realizado simulación jurídica, etc. al autorizar al Depósito Aduanero a operar como Tienda Libre.

El Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil, constituido en Tribunal de Amparo, resolvió recientemente otorgar Amparo a favor del Centro de Integración Familiar (CIF) en contra de las Tiendas Libres de Guatemala S. A. (“La Riviera”) por tanto deberá  cesar las operaciones que realiza como Tienda Libre en los recintos autorizados como depósitos aduaneros en el Aeropuerto  La Aurora. El Juez manifestó que “la entidad Tiendas Libres de Guatemala, Sociedad Anónima, fue autorizada a operar como depósito aduanero, cuyas funciones nada tienen que ver con las funciones de una tienda libre. De esa cuenta mantener en funcionamiento a la entidad Tiendas Libres de Guatemala S.A. atenta contra la seguridad jurídica de la amparista”.

Deseo reconocer al Juez Décimo por resolver conforme a derecho y  amparar al CIF. Son muchos los funcionarios que saben de la ilegalidad de cómo opera La Riviera, pero muy pocos los que han atrevido hacer algo al respecto.

Es indudable que los dueños de La Riviera, verdaderos piratas disfrazados de empresarios, han contado con eficientes padrinos vende patrias en el país. Competir ilegalmente durante 5 años con asociaciones de beneficencia, que han dedicado más de 150 años a atender a la gente más necesitada, como las Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul,  que están a punto de cesar servicios, por falta de fondos,  a consecuencia de esta ilegalidad, es una vileza. Este hecho no debe quedar impune.

Ahora le falta a la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, dictar  sentencia referente a la nulidad de pleno derecho del contrato de arrendamiento entre la DGAC y La Riviera.  Adicionalmente la  Corte de Constitucionalidad tiene en sus manos cuatro apelaciones respecto a la legalidad de la autorización que otorgó la SAT a La Riviera. La PDH tiene pendiente la certificación de lo conducente en contra de la SAT por negar el derecho humano de acceso a la información relacionado  con este caso y ante el  Ministerio Público se presentó una querella en contra de La Riviera y siete denuncias penales contra funcionarios de la SAT.

Señores Magistrados, Fiscales y funcionarios cumplan con su mandato resolviendo conforme a derecho. A propósito de Cuaresma, alguna vez se han preguntado ¿Qué hubiera hecho usted de haber sido Poncio Pilatos?  Con este caso pueden dar respuesta a la pregunta.