La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) podría investigar la estafa cometida por los ex integrantes de la Junta Directiva de accionistas del Banco de Comercio a petición del vicepresidente, Eduardo Stein.
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«Estoy solicitando de manera formal a la CICIG que se investigue esta situación de los bancos por el daño que se le hizo a tanta gente de manera amplia…», dijo el vicemandatario durante una entrevista en la radio Emisoras Unidas, esta mañana.
Stein comentó que existen «claros» indicios de que hubo conspiración e injerencia del crimen organizado en la estafa, de la que se estima fueron víctimas 6 mil 500 personas.
A criterio del vicepresidente, el proceso de estafa y fuga de los responsables fue el resultado de un «esfuerzo corporativo» que utilizó un esquema planificado para cometer el acto ilegal, por tanto solicitaría a la CICIG que investigue a profundidad el caso.
La sexta vez
Por sexta ocasión, el Movimiento de Afectados (MA) participó en una protesta para exigir a las autoridades de gobierno, la devolución del dinero invertido en la offshore Operadora de Comercio, que funcionaba ilegalmente junto al Banco de Comercio hasta hace un año.
Los manifestantes procedentes de distintos departamentos del país, indicaron que el Ministerio de Gobernación no se ha preocupado por investigar el caso, ante la inminente retirada de las autoridades por el cambio de Gobierno.
Asimismo solicitaron a las autoridades que tomarán posesión el próximo 14 de enero que sean escuchadas sus demandas, entre las que se solicitan iniciar un proceso contra el superintendente de bancos, Willy Zapata y la presidenta del Banco de Guatemala, María Antonieta de Bonilla.
Roberto Vallecillos, miembro del MA, aseguró que tanto Zapata como de Bonilla tuvieron conocimiento de las actividades ilícitas cometidas por los directivos del Banco de Comercio, en los meses previos a su desaparición, pero no reaccionaron.
Las acciones
El MA se dispone a efectuar los trámites necesarios para que los afectados sean auxiliados por abogados de la Defensoría Pública Penal y se inicien procesos individuales para reclamar sus inversiones.
Vallecillos afirmó que se acercaría a las nuevas autoridades luego de la toma de posesión para que hagan efectivo el compromiso suscrito por ílvaro Colom, durante la campaña electoral, en el que aceptan realizar acciones concretas para recuperar el dinero perdido y capturar a los responsables.
«Esperamos que el próximo presidente cumpla con su palabra y nos permita tener nuestro dinero de vuelta, para poder tener algo de que vivir», dijo Sandra Rosales, una de las afectadas.