Realizó trabajos de investigación en la Fiscalí­a Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) y actualmente es directora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), la licenciada Blanca Aí­da Stalling abordó temas relacionados con la justicia y el rol de la Defensa Pública, en la sociedad guatemalteca.

Entre sus respuestas destacó reconocer que la labor del MP «ha sido bastante débil», que es preciso que las instituciones del estado recuperen la credibilidad de la ciudadaní­a, la necesaria construcción de ciudadaní­a y que cumplir con mandatos como justicia de acceso a la defensa pública las 24 horas, es una debilidad de la institución que preside.

¿Cuál ha sido la experiencia en la gestión del IDPP?

Ha sido una oportunidad muy grande participar en garantizar el debido proceso para las personas que carecen de recursos económicos para pagar un abogado en caso de ser acusados de hechos delictivos. La experiencia ha sido agradable y tenemos como mandato el hecho de velar por el cumplimiento de los plazos procesales y evitar que se cometan arbitrariedades por parte de otros operadores de justicia.

El IDPP, una institución del estado, ha obtenido fallos favorables en los juicios, en contraste el MP, otra entidad estatal, ¿qué percepción tiene sobre ello?

Lo más importante es pensar que la justicia tiene un equilibrio porque cada una de las instituciones juega un rol y éste se debe desempeñar de la mejor manera. En el caso del MP no ha logrado aportar pruebas dentro de los procesos pero talvez eso no se deba a que no se realizan los adecuados trabajos, sino que no existen las posibilidades para hacerlo en forma inmediata como en el futuro con el funcionamiento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). La forma de garantizar que la ciudadaní­a esté tranquila es que ésta aporte a las fiscalí­as los elementos que puedan demostrar la participación de un hecho.

¿El IDPP tiene y posee los recursos económicos y humanos suficientes para cubrir la demanda de defensa en un paí­s en el que la mayorí­a no tiene acceso a juristas particulares?

El presupuesto actual nos ha permitido hasta el momento cubrir los requerimientos en el interior del paí­s y en la capital, eso no significa que no necesitemos más. El problema empieza cuando tenemos que cumplir con otros mandatos como que la justicia esté al servicio de los ciudadanos las 24 horas. En el caso de seguirse abriendo juzgados de turno para el interior de la república nuestro presupuesto serí­a insuficiente para cubrir el servicio que demandan los tribunales.

¿Qué papel juega el IDPP en un paí­s con serios casos y denuncias en el tema de la impunidad?

Tenemos el mandato preciso de garantizar el debido proceso y velar por que se cumplan los derechos y garantí­as que la Constitución de la República establece. El tema de la impunidad se aborda en la falta de persecución de los juicios de alto impacto. El tema principal en el paí­s es perseguir a los grandes criminales porque son los que finalmente dirigen en muchos casos a los jóvenes de las pandillas juveniles, les proporcionan drogas y promueven actos de alto impacto. A esto podemos llamar impunidad en Guatemala.

¿Las decisiones polí­ticas influyen que se asumen en el paí­s, en las tomadas por el sector justicia?

Algunas decisiones como la aprobación de la Ley del Sistema Penitenciario, Ley Contra El Crimen Organizado, entre otras, sí­ influyen en el sistema de justicia porque le dan nuevos elementos o posibilidades para administrar la justicia de forma más eficiente.

¿Qué opinión tiene en los casos de alto impacto que han concluido con sentencias absolutorias, como el de los 22 pandilleros del motí­n del 15 de agosto?

En este tema los jueces no encontraron ninguna prueba que permitiera condenar a estas personas, eso es una parte del debido proceso, no se puede condenar a alguien si los jueces no tienen la certeza jurí­dica de su participación en un hecho delictivo. Por ello es necesario fortalecer la investigación, y no sólo con levantar adecuadamente las escenas del crimen. Debe haber una coordinación adecuada entre PNC y MP a efectos que desde el momento de examinar la escena del crimen se tengan los elementos que puedan ser examinados a través del método cientí­fico.

¿Qué opinión tiene entonces de la labor del MP?

Este es un proceso que ha llevado varios años. Yo dirí­a que el trabajo en general ha sido bastante débil y eso no es sólo responsabilidad de la actual administración, esto viene desde hace muchos años y se debe a que el MP se ha ido quedando rezagado en cuanto a la posibilidad de aportar pruebas cientí­ficas dentro de los procesos, se empezó a utilizar la prueba testimonial y empezó a haber muertes de testigos protegidos y esto ha debilitado al MP. También es necesario elevar el nivel técnico de trabajo de los fiscales. Hay algunos que realizan un excelente trabajo en el área pero hay otros que se han acomodado como muchos servidores públicos. Es necesario tomar medidas drásticas con algunos empleados públicos.

La Defensa Pública está jugando un rol en el caso Parlacen, ¿qué opinión le merece la labor que ha ejercido el MP en éste?

Creo que corresponderí­a a la sociedad evaluar y estar atenta al desarrollo de los debates para ver la legalidad de los procedimientos y además que la DP hace velar la legalidad del debido proceso y garantizar el respeto a los procedimientos.

¿Cuál cree que sea la polí­tica más efectiva de seguridad y justicia, en el marco de las próximas elecciones?

En primer lugar se debe construir ciudadaní­a. Que todos los ciudadanos sepan que juegan un rol, porque no son sólo las instituciones de justicia las que pueden transformar la sociedad guatemalteca. En primer lugar los ciudadanos deben conocer que tienen derechos pero también tienen obligaciones y que están obligados a comparecer ante los órganos correspondientes y presentar las denuncias cuando conozcan de hechos delictivos. El ciudadano debe estar vigilante del desempeño de las instituciones. Si no tomamos conciencia que ocultar un hecho delictivo nos convierte en cómplices, no vamos a poder cambiar nuestro paí­s.

Pero el mismo sistema del estado no permite que la ciudadaní­a crezca. ¿Cómo se podrí­a lograr entonces?

Empecemos con una polí­tica de prevención, es decir, empecemos desde las escuelas a enseñarles a los niños que son parte de un estado y cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Existe una debilidad en el Estado pero las organizaciones de la sociedad civil pueden ser garantes del cumplimiento de las obligaciones del mismo. Además se puede hacer otro tipo de divulgación y es la de hacer que instituciones como la PNC, recuperen la credibilidad. Es importante iniciar un proceso de evaluación de desempeño. Los servidores públicos llegan a servirse a las instituciones, por eso es necesario tener todos los controles de gestión y evolución de desempeño de todos los empleados, y aquellos que no funcionen que sean retirados de las mismas para que la población vuelva a confiar y que la sociedad pueda vivir con más confianza en sus autoridades.