El Sistema Penitenciario (SP) realizó en el primer cuatrimestre de 2014, 364 traslados de privados de libertad a diferentes centros asistenciales –principalmente de la capital–.
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Estas diligencias usualmente causan temor a los guatemaltecos que frecuentan los hospitales públicos, pero también otras situaciones que atentan contra la seguridad.
El director de Presidios, Édgar Camargo, dice estar consciente de la situación y por ello pretende “levantar” los dos hospitales que se encuentran en el perímetro de las cárceles de Fraijanes y en el Preventivo de la zona 18, esto se realizaría cuando se habiliten los módulos de deshacinamiento.
Por otro lado, el funcionario explica que también buscan acercarse al Ministerio de Salud para que existan espacios específicos donde sólo se atiendan a los detenidos, sin que se mezclen con otros pacientes.
Los traslados de narcotraficantes, pandilleros y otros detenidos con perfil criminal “peligroso” generan temor a la población que tiene que mezclarse o convivir con ellos, según han indicado en su momento. Aunado a esto se encuentran otros factores de riesgo como se evidenció el 21 de abril con la fuga de Joseph Ryan Budna, quien se escapó del hospital de Zacapa.
En tanto, el 14 de junio de 2011, un grupo armado habría intentado liberar a Ludwin Alberto Zelada Galdámez, alias “Comandante Lombriz”, quien permanecía en el Hospital General San Juan de Dios (HGSJD), tras atacar con explosivos a miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) en Jalapa.
Ana María de Klein, de la organización Madres Angustiadas, considera que debe existir un protocolo de seguridad adecuado para llevar a cabo las movilizaciones a los hospitales, así como la capacitación de los guardias que llevan a cabo esas acciones.
Según la entrevistada, no se puede negar el derecho a la salud a los detenidos, pero es necesario que las autoridades hagan propuestas urgentes sobre este tema.
HASTA 12 ATENDIDOS
Selvin Rustrián, portavoz del HGSJD, explicó que diariamente son atendidos en la consulta externa aproximadamente 12 privados de libertad. Mensualmente el promedio es de 250.
El funcionario dice que varios de las diligencias se realizan sin previo aviso y deben buscar mecanismos que eviten tensión entre los pacientes.
Por otro lado, Briceyda Hoenes, asesora jurídica del Hospital Roosevelt, indicó que diariamente atienden entre 8 y 10 personas privados de libertad y “sancionados” o menores en conflicto con la ley penal. Al mes podrían ser 300 pacientes.
Los traslados se realizan en horarios específicos, aunque cuando es una emergencia deben atender los requerimientos que se solicitan.
De acuerdo con Hoenes, en el nosocomio se sigue un protocolo que consiste en conocer la orden del juez que va acompañada por un dictamen pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).