La Fundación Sobrevivientes solicitará a la CICIG, que abra una investigación contra cuatro jueces del Organismo Judicial cuyas resoluciones «beneficiaron» a personas sindicadas de trata de personas.
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Norma Cruz, directora de la Fundación aseguró que «la CICIG establecerá si hay vinculación de los jueces con alguna de las redes de trata de personas, o se trató de tráfico de influencias o actos de corrupción».
La organización social se centra en los casos de adopciones anómalas de Jonathan Estuardo Sol y Esther Zulamita Rivas Escobar, conocidos por el Tribunal Décimo de Sentencia y el Juzgado Tercero de Primera instancia, respectivamente.
Cruz explicó que Sobrevivientes aún trabaja en la solicitud formal que entregarán a CICIG la solicitud para investigar a cuatro operadores de justicia.
Según la Fundación, Sergio Castro, juez tercero de Primera Instancia Penal, Romeo Otoniel Gálvez Vargas, Eduardo Enrique Maldonado Fuentes y Vilma Maritza Paredes Contreras, presidente y vocales del Tribunal Décimo de Sentencia son quienes han emitido resoluciones que han favorecido a procesados por trata de personas y deberían ser investigados.
Los denunciantes afirman respaldar por completo las investigaciones que el MP efectuó sobre ambos casos, ello en el marco de la argumentación de los jueces respecto a que la entidad a cargo de la investigación penal no presentó suficientes pruebas para resolver en ese sentido.
Al respecto, Alex Colop, titular de la Fiscalía Contra la Trata de Personas, indicó que la fiscalía recabó pruebas testimoniales, documentales y científicas para fundamentar ambos casos y se limitó a opinar que respeta los fallos de los jueces pero no los comparte.
«Estamos en proceso de análisis de las resoluciones emitidas por los jueces para plantear la apelación correspondiente. Respetamos los fallos, pero no los compartimos», indicó Colop.
LOS CASOS
El juez Sergio Castro resolvió archivar el proceso contra el médico Feliciano Hernández y el abogado Otto Gálvez, quienes fueron sindicados de haber tramitado una adopción ilegal de la niña Zulamita Rivas Escobar, secuestrada en la zona 6 en 2007.
En el anterior caso, el MP tramitó en calidad de anticipo de prueba, un examen de ADN para comprobar que la menor era hija de Ana Judith Escobar, quien la recuperó mientras era dada en adopción de forma ilegal.
Las primeras pruebas de ADN dieron un resultado negativo, sin embargo, el MP sospechó del laboratorio (privado) que las practicó y solicitó una segunda prueba a Inacif, la cual confirmó la maternidad de Rivas.
Hasta ese momento procesal, la sindicación contra Hernández y Gálvez estaba firme, hasta que el juez Tercero de Primera Instancia ordenó el sobreseimimento por falta de pruebas.
En el proceso por la adopción anómala de Jonathan Sol, quien fue arrebatado de forma violenta de los brazos de su madre el 21 de junio de 2007 en la zona 2, cuando sólo tenía 40 días de nacido, el Tribunal Décimo de Sentencia condenó a dos mujeres y absolvió a otras dos, no obstante, las condenas fueron mínimas porque los jueces también modificaron el delito.
El caso Sol fue el primero que se abrió a juicio en el país por trata de personas; sin embargo, el citado tribunal condenó a Ana María Barrutia Calderón a tres años de prisión conmutables a razón de Q50 diarios por la sustracción del infante, también sentenció a María Lisette Cifuentes Golom a tres años de prisión conmutables a razón de Q5 diarios pero lo jueces le suspendieron la pena.
El citado tribunal absolvió de toda culpa a Mónica Contreras Barrutia y Clara Esperanza Pérez Méndez por considerar que no habían participado en los hechos. Los jueces también modificaron el delito de trata de personas por el de sustracción de menores.
NORMA CRUZ
Fundación Sobrevivientes