Directores de organizaciones de derechos humanos indicaron estar «sorprendidos» por la declaración del vicepresidente Rafael Espada publicada ayer en un diario matutino en la que se anuncia la intención del Gobierno para doblar el número de efectivos del Ejército.

La nota de prensa señala que la intención del Gobierno es aumentar gradualmente el personal del Ejército Nacional para que se ocupe del plan de combate al crimen organizado y narcotráfico.

Mario Minera, director del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), indica que la intención violenta los estatutos de los Acuerdos de Paz, pues se está delegando tareas de seguridad que no le corresponden a las milicias.

«Toda la ciudadaní­a debe defender los Acuerdos y velar por que se cumplan; son un logro que se consiguió después de varios años de arduo trabajo que no puede violentar el Gobierno», afirma.

A la defensa

En el mismo matutino se publicó hoy una aclaración del presidente ílvaro Colom, quien sostiene que hubo una mala interpretación de las declaraciones y desmintió que haya intenciones de aumentar el número de las fuerzas castrenses.

Carmen Aí­da Ibarra, especialista en materia de derechos humanos de la Fundación Myrna Mack, opina que la inseguridad se puede combatir con un sistema de justicia efectivo y con un plan de fortalecimiento de la Policí­a Nacional Civil que prepare a los policí­as para cuidar de la seguridad ciudadana.

De acuerdo con la analista es necesario que el Ejército se ocupe del resguardo de la soberaní­a del territorio nacional y las tareas para las cuales fueron entrenados.

«Al Vicepresidente hay que mandarlo a tomar un curso intensivo del espí­ritu de los Acuerdos de Paz para que interprete de la mejor manera la intención de los compromisos (…) el Ejército no juega el mismo rol del pasado dentro de una sociedad democrática», indicó Ibarra.

La especialista refiere que el «Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática» es la base para que el Gobierno tome decisiones. «Son disposiciones que pueden tener efectos negativos», finaliza.