Para iniciar estos apuntes debo comenzar afirmando que estoy totalmente de acuerdo con una verdadera reforma fiscal, en el simple entendido de que hay que pagar impuestos en la proporción a la cantidad percibida: el que gana más, paga más, siempre y cuando también los recursos sean manejados por el Estado con transparencia y honestidad, para eliminar la corrupción.

Este es el tercer intento que hago para abordar el tema, pero es sumamente difícil plasmar en este espacio mis puntos de vista en torno al llamado pacto fiscal, por dos razones. En primer lugar, porque en los acontecimientos vinculados con la iniciativa original del Organismo Ejecutivo se desarrollan y experimentan evoluciones en cuestión de horas, especialmente por las posturas asumidas por diputados opositores del partido Líder y otros congresistas que no se han alineado con el oficialismo, y de los mismos parlamentarios del Partido Patriota y sus aliados de hecho, a lo que se agrega las posturas un tanto ambiguas del influyente CACIF, cuya última opinión es determinante para que se aprueben o no medidas tributarias, como lo demuestran las variadas ocasiones en que diferentes gobiernos pretendieron realizar reformas fiscales de alguna envergadura, pero se quedaron en frágiles remiendos que no resolvieron el problema presupuestario del Estado ni cambiaron ligeramente la estructura impositiva del país.

   En segundo lugar y unido estrechamente a esas oscilaciones en el Congreso, derivadas de múltiples factores, mi condición de columnista de La Hora encuentra tropiezos, pero no en lo que usted podría imaginar en relación a una especie de censura de los editores de este vespertino, que jamás ha ocurrido ni creo que suceda en el futuro, sino a un sencillo, pero –a la vez– complicado ajuste de horarios, puesto que debo enviar mis artículos la noche del día previo a su publicación o a temprana hora del mismo día, lapso suficiente para que ocurran modificaciones a las reformas ya introducidas a la iniciativa original o que ya se haya aprobado el proyecto de ley, de suerte que mis opiniones carecerían de sustento.

 Aun corriendo esos riesgos sostengo que la reforma fiscal incluye cláusulas que afectan sobremanera a la clase media, lo que constituirá un sopapo a los que, con su voto, llevaron a la Presidencia de la República al candidato del PP, en vista de que fue elegido gracias al sufragio mayoritario de los ciudadanos de la ciudad capital y su área de influencia y otros centros urbanos. Como me dijo un amigo: “Yo voté por Pérez Molina y lo que me saqué es que tendré que pagar Q75 de impuestos mensuales por ese voto, porque gano Q5,600 y ya no se deducirán del ISR mis facturas de la planilla del IVA”.  Algo similar a lo que afrontarán maestros de las clases escalafonarias E y F, a los que no sólo les deducirán impuestos sino tendrán que pagar un contador para que les elabore su respectiva declaración. En ambos casos pareciera que no se ha tomado en consideración que la canasta básica vital es de Q4,470.14.

 Asimismo, si se concreta una norma del paquete fiscal que estipularía que pensionados y jubilados que perciben más de Q10 mil mensuales, incluyendo otros ingresos adicionales provenientes de actividades laborales que aún están en capacidad de realizar, aunque con salarios modestos, sería una norma inmoral e injusta, sobre todo porque se trata de personas mayoritariamente de la tercera edad o, por lo menos, de más de 55 años.

 Mientras que es correcto y legítimo que los profesionales universitarios no asalariados tributen, porque son miles los que se hacen los babosos y no pagan un pinche centavo de impuestos en el cobro de sus honorarios, es plenamente injusto  que la plutocracia salga nuevamente ilesa en lo que respecta a sus millonarios dividendos.

 (Uno de mis lectores me aclara que el fenómeno mental de olvidar nombres, fechas, lugares, etcétera., se denomina Anosognosia y no Anosognocia, como lo anoté en mi artículo del sábado 11. Excúsenme, plis).