El 2 de mayo el gobierno de Otto Pérez Molina justificó decretar Estado de Sitio en cuatro municipios de Jalapa y Santa Rosa, por la participación de las personas con la organización criminal “Los Zetas”; días después se retractó y decidió levantar la disposición y cambiarla a Estado de Prevención.

Consultas comunitarias no vinculantes en aldeas cercanas se celebraron en marzo pasado

Los comunitarios dicen que su único pecado ha sido defender su legítimo territorio que es invadido por la operatividad de la Minera San Rafael.

El Estado de Sitio tomó por sorpresa a los ciudadanos, principalmente a los habitantes de San Rafael y Casillas –en el departamento de Santa Rosa–, Mataquescuintla y Jalapa –en el departamento de Jalapa–.

El 30 de abril, un día después del secuestro de 23 elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), el presidente Pérez Molina negó que decretaría esa disposición, aunque su ministro de Gobernación (Mingob) Mauricio López Bonilla no descartó esa posibilidad en horas de la mañana.

El movimiento y la logística de fuerzas combinadas fueron planificados el 1 de mayo, en el asueto por el Día del Trabajo. En la madrugada del día siguiente un fuerte despliegue de las fuerzas combinadas ya se encontraba en esas áreas, con órdenes de captura y diligencias asignadas, mientras que a través del diario oficial se confirmaba la decisión del Ejecutivo.

Las autoridades indicaron que el Estado de Excepción no tenía relación con la oposición comunitaria a la contaminación y represión de la mina, sino con una estructura del narcotráfico que operaba en esa área y  que no quería la presencia de la autoridad.

Sin embargo, una serie de sucesos violentos antecedían la disposición del Gobierno: el 27 de abril, seis comunitarios que se oponían a la Minera San Rafael fueron heridos por orden de Alberto Rotondo, jefe de seguridad de la mina, quien posteriormente quedó ligado a proceso por obstaculización de la investigación penal, lesiones leves y graves, pero beneficiado con arresto domiciliario, pese a existir escuchas telefónicas que lo incriminan.

El ministro López Bonilla aseguró que la seguridad de la mina había utilizado “armas no letales”, aunque las evidencias demostraban todo lo contrario y luego saldrían a luz pruebas contundentes de que la información del funcionario era falsa.

Las pruebas del Ministerio Público (MP) señalan que Rotondo también habría limpiado la escena del crimen y logrado que  elementos de la PNC, que resguardan esa jurisdicción,  modificaran el informe circunstanciado, al cual los medios de comunicación no tuvieron acceso a pesar de que normalmente suele ser puesto a disposición de los periodistas.

Alrededor de 18 capturas se ejecutaron durante esa disposición, algunos detenidos fueron vinculados con una red de secuestradores y sicarios denominada “Los Chagos”, otros con el robo de explosivos y la retención de 23 policías, pero ninguno con los narcotraficantes “Los Zetas”, como inicialmente se justificó.

En medio de una serie de señalamientos, contradicciones y pronunciamientos de pobladores, la Iglesia y organizaciones sociales y ambientales, el Gobierno decidió derogar el Decreto 6-2013 que ordenaba el Estado de Sitio. Éste fue sustituido por Estado de Prevención, a través del Decreto 8-2008.

Según el titular de la Cartera del Interior, las acciones que se implementarían en los próximos días sería la búsqueda de armas y explosivos.  Las diligencias continuarían 15 días más.

ANTECEDENTES

La investigación realizada por el Ministerio Público (MP) indica que el expediente se abrió a partir del 19 de noviembre del año pasado, cuando fueron robados explosivos de un convoy de la mina.

Textualmente los argumentos del MP refieren: “En Mataquescuintla, Jalapa, un convoy que transportaba explosivos para la mina San Rafael fue interceptado por un grupo de personas que robaron el explosivo, habiendo incendiado los vehículos en el que se trasportaba el mismo”.

El conflicto no concluyó ahí. El 12 de enero de este año, dos guardias de seguridad privada de la mina fueron muertos y siete resultaron heridos, en un enfrentamiento entre supuestos comunitarios, donde también perdió la vida uno de ellos.

El 31 de enero López Bonilla anunció un plan de despistolización en lugares con altos índices delictivos y proliferación de armas de fuego, y no descartó Estado de Excepción en algunas áreas.

Esa advertencia se cumplió, pero únicamente en Jalapa y Santa Rosa, donde opera la empresa minera.

Una serie de conflictos persistía en el lugar y esto llevó incluso a que el 12 de abril fueran detenidos y recluidos en la cárcel El Boquerón, 26 opositores de la mina, aunque posteriormente fueron dejados en libertad.

“RESPETO A LAS CONSULTAS”

Rudy Pivaral, del Comité de Defensa por la Vida y la Paz, lamentó la forma como han sido criminalizados los pobladores de San Rafael, quienes únicamente piden ser escuchados y que se respete el resultado de las consultas comunitarias.

“Somos gente que toda la vida hemos vivido en paz, dedicados a trabajar.  Los pobladores solo quieren ser escuchados, queremos nuestra consulta, que se respeten las decisiones de los pueblos.  Esas estrategias –de criminalización– yo las viví en los 70 y en los 80, ellos –las autoridades– no han cambiado de estilo, no han evolucionado, mientras que los pueblos ya evolucionaron porque hay un poco más de preparación”, dijo Pivaral.

El entrevistado refiere que en Santa Rosa no hay grupos de narcotraficantes, aunque sí consumidores de estupefacientes, pero no generan violencia o disputas de territorios.

“Aquí no ha existido eso, aquí lo que hay son consumidores de marihuana, gente tranquila que consume, que no son agresivos ni violentos.  Aquí siempre ha existido la paz”, reiteró.

A decir del representante de los pobladores de Santa Rosa, la salud de los comunitarios empieza a dañarse por la mina, así como el medio ambiente.

“Nosotros no estamos en contra de la minería, sino en contra en donde va a trabajar, tienen una población a ocho metros, han hecho caso omiso de sus exigencias, la gente se está enfermando de estrés por el ruido las 24 horas, y un poco de polvo.  Todavía no se han soltado contaminaciones directamente de la mina como el plomo en el aire, aunque el PH en el agua ya subió.  Han habido ciertos cambios, ya se secaron pozos de la región cercana y nadie dice nada”, dijo el entrevistado.

Un argumento similar sostiene el alcalde de Mataquescuintla, Jalapa, Hugo Loy, quien lamenta que las autoridades no escuchen a los comunitarios.

“La población no quiere el tema de minas, yo sigo suplicando al presidente Otto Pérez Molina, al Procurador de los Derechos Humanos (PDH), que se instale una comisión de alto nivel integrada por las iglesias, por los colectivos ambientalistas, por la sociedad civil, por los alcaldes, por el Legislativo que tiene que realizar algunas normas que no están muy bien, también deben participar los Ministerios de Ambiente, de Energía y Minas, creo que todos los actores deben reunirse y dialogar cuáles son las ventajas y desventajas de contar con una industria extractiva de metales alrededor de dos municipios”, indicó Loy.

El funcionario demanda que se explique a los pobladores las dudas que surgen, pues serán muchos años de operación de la mina, “son 25 años de convivencia con una empresa y en este caso son prorrogables, son 50 o 75 años, porque apenas estamos iniciando con la licencia de explotación que incluye una porción de San Rafael Las Flores y una porción de Mataquescuintla”, indicó el funcionario.

Según el jefe edil, es necesario que se aclare la información que ha surgido entre los pobladores, pues una de las principales preocupaciones es la escasez de agua.

“Lo más importante es que se diga que no es cierto que nos quedaremos sin agua, que es cierto que no habrá derrame de ácidos, que no es cierto que habrá enfermedades crónicas, que no es cierto que el cianuro es altamente tóxico, cosas que se conocen en el ámbito y que obviamente son la cara que no está muy bien del lado de la mina”, refirió.

El ministro de Energía y Minas, Érick Archila dijo la semana pasada a La Hora que es necesario legislar las consultas comunitarias, para que adquieran un reconocimiento vinculante de los megaproyectos.

 Sin embargo, el funcionario ya presentó una propuesta de Ley de Minería que no considera las consultas y por otro lado, otorga poder de decisión a las empresas mineras.

MUERTE ANUNCIADA

Jeraldine del Cid, politóloga, considera que la falta de atención a las demandas de la población y la postura que refleja “represión” por parte del Estado, se visualiza como una muerte anunciada que puede generar conflictos peores a los actuales.

“Cuando una población pacíficamente hizo una consulta que no tenía vinculación, pero que manifestó sin alboroto, sin estar en contra de la ley, lo más lógico es que el Estado trate de manejarlo, pero no… hace un acuerdo con las alcaldías y las mineras, prácticamente es una muerte anunciada en donde si no hay otra vía, las siguientes medidas serán la toma de carreteras y bloqueos cada vez más fuertes”, indicó la profesional.

Según Del Cid, la imagen del Estado “represor” se fortalece, derivado de las acciones implementadas en contra de la población.

“Considero que este tipo de reacciones –como el Estado de Sitio– perjudica a la administración de Otto Pérez Molina porque se percibe represión, al mismo tiempo vemos cómo de manera dispersa han ocurrido hechos como desapariciones de líderes, también que de otras personas que aparecen asesinadas o secuestradas, digamos que se van vinculando hechos aislados en donde se encuentra una imagen o una percepción de represión”, refiere la politóloga.

La entrevistada concluye, en que existen muchos detonantes para que la situación empeore, por tanto, el Gobierno debe acercarse a la población y escucharla.

“Una población desesperada con las condiciones propicias, si las demandas no son atendidas continúa el conflicto hasta que vamos a seguir viendo enfrentamientos armados y muy lamentables”, concluyó.