Con fecha de 26 de abril/2012, el Director del Diario La Hora trató el asunto relacionado con las reformas a la Constitución Política y al reconocer que cualquier cambio debería realizarse por la conducción de diputados, el resultado sería inútil y hasta contraproducente porque dijo: todos sabemos que los intereses que ellos persiguen no tienen que ver con los intereses del país.
Lic. Mario Álvarez Castillo.
Según lo confiesa Oscar Clemente Marroquín, se ha devanado los sesos buscando la salida que nos permita aspirar a un diseño distinto que fortalezca la institucionalidad y garantice el imperio de la ley. Marroquín dice que siempre se estrella con el valladar del Congreso y sus diputados sin atinar a encontrar la solución.
Él dice lo correcto porque no existe posibilidad ninguna si cambios o substitución total se generan dentro de un régimen de legalidad que es, precisamente, el que se desea cambiar, pues no bastaría decir y ordenar que debe respetarse la ley fundamental y las leyes que emergen desde un poder que ha demostrado precisamente no atender esas directrices, dado a que siempre prevalecería el principio de que “cada quien quiere lo que le es útil” por cierto muy enraizado dentro de la clase política de nuestro país.
Es suficiente examinar el momento en que todas nuestras Constituciones han visto la primera luz y darse cuenta de que en todas, al menos desde 1944, le preceden los gobiernos de hecho que en el concierto de naciones no es permitido prolongar por mucho tiempo, y la tendencia se inclina por satisfacer el disfrute de las libertades, unas indispensables y otras no tanto, que son las que con el paso de los años y a veces muy pronto, se convierten en abusos ya sea dentro del poder o fuera de él para generar de nuevo esa indeseable necesidad.
Con la mejor buena fe y en la creencia de que todo será a partir de entonces miel sobre hojuelas, se ha incurrido en el error cada vez, en recurrir de nuevo a los políticos que no tardan en aprovecharse de ese principio de utilidad no compartida. Si en algún momento se llegase a completar el ciclo para lo cual solamente hace falta la decisión de unos cuantos medio orates, implorar que no se cometan los mismos errores porque no se convertirán en aciertos por más que así se prometa o se desee. La nueva Constitución no debe contener un extenso abanico de aspiraciones; debe limitarse a la garantía de derechos fundamentales y sobre todo, a la fundación de un Estado donde se plasme lo que realmente somos. En tal evento, que sea elaborada por siete abogados (como sucedió en España en que Jordi Solé Tura, Miguel Roca Junyent, José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo, Gregorio Peces Barba Martínez, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, Manuel Fraga Iribarne y Gabriel Cisneros Laborda, que de agosto a diciembre de 1977 tuvieron lista la propuesta de Constitución) a quienes no se pueda achacar más que el no haber llevado en hombros al santo de su devoción y por ende, verticales, probos y humildes. ¡Ah! Y eso antes que se extingan.
Ellos podrán evitar el paro de las actividades de los empleados estatales, así como la creación de privilegios que eclipsen el progreso del país y la falacia de la educación superior para priorizar la de los niños, por no citar más que pocas necesidades urgentes.