Los Tribunales de Sentencia del Organismo Judicial (OJ) sólo conocieron el 11 por ciento del total de los casos activados por muertes violentas ingresados de enero a septiembre del año en curso. A criterio de analistas especializados en la materia, la falta de efectividad en el OJ refleja la necesidad de reformas de fondo en las leyes del paí­s que regulan los procesos penales; además generan impunidad y ésta a su vez más violencia.

Según las estadí­sticas oficiales del OJ, de enero a septiembre de 2009 fueron ingresados 2 mil 246 procesos por muertes violentas; de estos, sólo 249 fueron conocidos por un Tribunal de Sentencia, lo que apunta un 11 por ciento de casos que llegaron a sentencia este año.

Por aparte, el informe sobre Derechos Humanos del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) reporta que en ese mismo perí­odo se registraron en el paí­s más de 2 mil 934 muertes violentas, entre hombres, mujeres, niñas y niños.

VIOLENCIA

Las estadí­sticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses detallan que el promedio diario de asesinatos ha ascendido a 18 muertes; el informe del GAM refleja que desde agosto del 2007 las muertes violentas han ascendido constantemente en el paí­s.

De acuerdo con el monitoreo de la organización social, enero fue uno de los meses más violentos del año pues se reportaron en él 358 muertes violentas contra hombres, mujeres, niños y niñas; seguidos por septiembre y agosto, con 354 y 345 crí­menes contra la vida.

El GAM critica que desde agosto de 2008 se ha observado un repunte en los casos de muertes violentas y que una de las causas de este incremento ha sido la inestabilidad del gobierno actual en la cartera de gobernación, con cuatro ministros de Gobernación en 22 meses.

El total de muertes a septiembre de 2009 asciende a 2 mil 934 ví­ctimas de las cuales 2 mil 516 son hombres, 381 mujeres, 20 niñas y 17 niños. Pero, ¿cómo se ven reflejadas esas estadí­sticas en el caso del OJ?

PROCESOS

El informe del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ), detalla que de enero a septiembre del año en curso, han ingresado al OJ 2 mil 246 casos relacionados con delitos contra la vida.

Entre la anterior cifra sobresale el delito de homicidio que reporta un mil 245 casos a los que se suman 588 por esa misma figura penal, pero con agravantes especí­ficas. El acto ilí­cito de asesinato ocupa un segundo lugar en la lista con 372 procesos abiertos, seguido por parricidio con 34 y ejecución extrajudicial con siete casos.

Sin embargo, los números en sentencias no se acercan mucho a los procesos aperturados en las diferentes instancias del paí­s, por ejemplo: en los homicidios sólo 136 casos fueron resueltos por un tribunal de sentencia penal, de los cuales fueron dictadas 45 sentencias absolutorias. En el caso del asesinato, sólo 63 de 372 procesos fueron diligenciadas en un juicio oral y público, 18 de los cuales fueron absolutorios.

En el caso de los homicidios con agravantes especí­ficos fueron dictadas 32 sentencias y 13 en el caso del parricidio, detallan los informes del CENADOJ.

OBSTíCULOS

Aní­bal Garcí­a, abogado y diputado de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República, opinó que para analizar esas cifras «es necesario entender la complejidad del problema» y agregó que mientras no se enfrenten con seriedad y responsabilidad todos los problemas que significan obstáculos a la administración de justicia «la cantidad de procesos resueltos van a ser bajas», detalló.

A criterio del congresista, los obstáculos que hacen que los procesos sean lentos y que haya pocos resultados son los amparos frí­volos e improcedentes, los conflictos de jurisdicción sin respaldo, los incidentes y excusas procesales y las recusaciones sin fundamento, indicó.

«No hay que perder de vista esos obstáculos pero tampoco dejar de lado que esto sigue evidenciando que existe un problema en la investigación criminal del Ministerio Público (MP), si hay poco resultado es que los fiscales no logran sustentar los juicios o pobremente utilizan medios o evidencias que no convencen a los juzgadores para continuar con los procesos», enfatizó.

El legislador consideró también que se hace «imprescindible» un diálogo intersectorial entre el MP, PGN, CSJ y Congreso para que haya claridad acerca de las reformas de fondo para presentar el amparo y otras acciones.

Garcí­a opinó finalmente que en esa cantidad habrá que tomar en cuenta otras ví­as de desjudicialización, que son mí­nimas, apuntó. «Los procesos no necesariamente se pueden medir por casos que van a juicio, sino por que se debe resolver todos los casos por cualquier ví­a, desde esa perspectiva, con un 75 por ciento de casos, ya estarí­amos por buen camino», indicó.

IMPUNIDAD

Jorge Santos, director del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), consideró que esas cifras demuestran que en el paí­s continúa dándose un fenómeno de concatenación entre un hecho y otro: «el paí­s está marcado por muertes violentas que tienen como factores y causales los altos niveles de impunidad», indicó.

«Quienes realizan este tipo de actos se sienten en la libertad de matar porque no habrá consecuencia de parte del sistema de justicia; el crimen organizado analiza que las cifras de efectividad en los tribunales son demasiado bajas y esto se convierte en una de las causas más importante para que siga imperando en el paí­s la violencia», declaró el analista.

A criterio de la CIIDH y de la Convergencia por los Derechos Humanos, la aplicación de una verdadera polí­tica criminal, el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y la generación de mejoras en los Juzgados de Primera Instancia, son factores que modificarí­an esa realidad, declaró Santos.

El entrevistado dijo finalmente que los nuevos magistrados de la CSJ tienen la obligación de poner énfasis en ese tipo de problemas que se han dado durante año en el OJ y generar mejoras para todo el sistema de justicia.

A VIVA VOZ

Sonia Montes, fiscal de delitos contra la vida del MP, fue consultada sobre la investigación criminal en el caso de crí­menes por «violencia común», como también se les conoce.

«El mayor de los obstáculos con que se encuentra un investigador o una fiscalí­a es que los testigos no quieren hablar, creo que es la principal dificultad que se tienen entre el proceso de investigación», declaró Montes.

Aunque para la investigadora, la contaminación de la escena del crimen también influye mucho en la recopilación de evidencias, insiste en que el principal obstáculo es la falta de conciencia social de la población para declarar y denunciar los hechos de violencia.

Pero los testigos o sobrevivientes de los condenables hechos de violencia en el paí­s tienen miedo debido a que las represalias siempre se concretan en contra de éstos. Al respecto, Montes declaró que las personas que han sido violentadas por ser testigos protegidos dentro de un proceso «no han respetado ciertas reglas para salvaguardar su vida», declaró.

«No hay cultura de denuncia; en un escenario criminal ya hasta los niños se volvieron insensibles ante este tipo de hechos y eso porque los padres no les han inculcado esa sensibilidad hacia la vida de las demás personas», declaró la fiscal.

La entrevistada también reconoció el exceso de trabajo que tiene su fiscalí­a y explicó que no sólo investigan casos por muerte violenta sino también por deceso común: «cuando una persona fallece en un hospital, estos tienen un protocolo a nivel internacional y llaman al MP y esos casos aunque no se arrojen en las estadí­sticas, incrementan más el trabajo», indicó.

Montes dijo además que la fiscalí­a ve casos de personas heridas, no solo fallecidas, y que existen casos que por su trascendencia son trabajados por más personas, y citó el del asesinato de la familia Chew Girón, que fue investigado por 28 personas por cuatro dí­as consecutivos, explicó.