Sólo fue para calmar los ánimos de las organizaciones de la sociedad civil que fuera del Organismo Legislativo respaldan a la solitaria representante del partido Encuentro por Guatemala, y para figurar ante la opinión pública como abanderados de un movimiento -más social que polí­tico- encaminado a estructurar los pilares para establecer la pureza, la confianza y la ética en la administración de justicia.

Me imagino que los miembros de una delegación de la Comisión Internacional de Juristas que arribará al paí­s para verificar el proceso de elección de los magistrados de las cortes, se preguntarán a qué obedece la oposición de diputados de diferentes partidos polí­ticos a la aprobación del proyecto de ley planteado por la parlamentaria Montenegro, porque no contiene normas que sean imposibles o difí­ciles de cumplir, sino que se trata de reglas que ordinariamente se aplican en cualquier paí­s medianamente civilizado.

La iniciativa de ley pretende, v. gr., que se regulen los procesos y funciones de quienes elaboran las listas de candidatos a magistrados de la CSJ y Salas de Apelaciones, así­ como a jefe de la Contralorí­a de Cuentas y a Fiscal General, además de establecer los requisitos que deben cumplir los aspirantes a tales cargos, incluyendo aspectos éticos, académicos, profesionales y de proyección humana.

También se toman en consideración elementos tan primarios que, incluso, se requieren para pretender cualquier trabajo decente, como lo es la verificación de carencia de antecedentes penales y policiales de los integrantes de las comisiones postuladoras, regular plazos para esas mismas comisiones y dar a conocer públicamente los nombres de los candidatos a los cargos en disputa y el criterio que se usarí­a para seleccionarlos.

No es nada del otro mundo. Sencillamente se busca claridad en el proceso, con el objeto de evitar que personas de dudosas conductas o con notorios antecedentes de actuaciones ilegí­timas o ilí­citas pretendan convertirse nada menos que en las máximas autoridades del Organismo Judicial.  

Al margen de reconocer y subrayar nuevamente la generosa tenacidad solitaria de la diputada Montenegro, queda aún la esperanza de que no se ha perdido la batalla, aunque no sea en el seno del Congreso, porque una misión de la Organización de las Naciones Unidas vendrá a Guatemala a verificar el proceso de elección de los magistrados, sumándose a la delegación de la Comisión Internacional de Juristas.

La verificación internacional ya se habrá iniciado esta semana, con el anunciado arribo del doctor Leandro Despouy, relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, mientras que el Movimiento pro Justicia emprenderá acciones que impulsen la transparencia del proceso, de manera que el esfuerzo de Nineth no han sido en vano.

(Romualdo Tishudo se presenta atribulado ante el juez de paz de turno, a quien le dice atropelladamente: -¡Me acaban de asaltar! El funcionario judicial pregunta: -¿Quién o quiénes fueron? La ví­ctima responde: Estaban tan apresurados que no tuvimos tempo de presentarnos).