Feligreses y activistas de organizaciones humanitarias marcharon este jueves en San Salvador para solicitar al Estado que «pida perdón» por el asesinato del arzobispo í“scar Arnulfo Romero, cometido por escuadrones de la muerte de la ultraderecha el 24 de marzo de 1980.
«Pedimos que el Estado cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre las que figura que el gobierno en nombre del Estado y en forma pública pida perdón por el magnicidio», declaró la abogada de la Concertación Monseñor Romero, Leonor Artega.
La manifestación salió de la plaza El Salvador del Mundo, en el sector oeste de la capital, y concluyó en las proximidades de la casa de Gobierno, donde los activistas humanitarios entregaron una nota en la que plantean al presidente de izquierda, Mauricio Funes, que considere el perdón público.
Los dos últimos gobiernos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se resistieron a cumplir el mandato de la CIDH.
En una resolución de hace nueve años, la CIDH ordenó al Estado salvadoreño realizar una investigación seria y profunda sobre el asesinato, una reparación moral a la familia y la anulación de la ley de amnistía.
Este jueves, durante la llamada «peregrinación», los participantes coreaban consignas como: «Qué es lo que pedimos hoy: verdad y justicia», «Por la justicia de monseñor Romero, peregrinamos hoy» y «no queremos monumentos al asesino de monseñor Romero: quítenlo ya».
«El martirio de monseñor Romero no puede quedar impune y el Estado, para reivindicar su memoria, debe investigar el caso y pedir perdón», declaró Alicia García, 65 años, activista del Comité de Madres de Asesinados y Desaparecidos que lleva el nombre del arzobispo.
Durante la guerra civil (1980-1992), García fue encarcelada y sufrió el asesinato de un hijo y la desaparición de dos hijos más.
«Tengo la esperanza de ver enaltecida la imagen de nuestro San Romero de América», exclamó, utilizando el apelativo con que muchos seguidores recuerdan a su líder religioso.
Ceferino Morán, un anciano de 75 años que en sus manos sostenía un retrato del arzobispo mártir, dijo que más allá de lo que se haga en El Salvador las autoridades de la iglesia en Roma deben «acelerar» su proceso de canonización.
«Monseñor Romero estuvo al lado de los pobres en los momentos más difíciles y por eso debe ascender a los altares», subrayó Morán.
Para el sacerdote Gerardo Poter, conocer la verdad sobre el asesinato de Romero sentará un precedente y ayudará a «reducir la tendencia actual de impunidad» que determina que por cada 100 homicidios sólo cinco se aclaran.
Defensor de una opción preferencial por los pobres y por denunciar la injusticia social y la represión militar vigente en El Salvador, Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un francotirador contratado por la ultraderecha, que le disparó cuando oficiaba misa en el hospital de enfermos de cáncer la Divina Providencia.
En 1993, una Comisión de la Verdad creada por la ONU culpó de la autoría intelectual del asesinato al mayor del ejército y líder de derecha Roberto D»Aubuisson, quien había fallecido de cáncer en 1992.
Desde 1996 se desarrolla en Roma una causa para beatificar a Romero.