La Fiscalía de Delitos contra defensores y defensoras de derechos humanos activó el caso de las amenazas de muerte que la diputada Nineth Montenegro y dos de sus asistentes tenían.
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El Ministerio Público (MP) solicitó a través de la citada fiscalía el control jurisdiccional del proceso y aperturó la investigación con una petición de información a las empresas de telefonía.
El proceso será controlado por el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, el cual conoce hasta ahora casos como el del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg y el del desvío de Q40 millones en la compra anómala de combustibles para la Policía Nacional Civil.
Verónica Galicia, jueza décima de Primera Instancia Penal, informó que esta mañana recibió del Centro de Gestión Penal del Organismo Judicial, el proceso iniciado recientemente por la fiscalía de delitos contra defensores de derechos humanos por las amenazas a la parlamentaria y sus asistentes.
«Esta judicatura fue designada con el objeto que lleve el control jurisdiccional en el caso por el que es víctima la diputada Montenegro de múltiples amenazas», confirmó Galicia.
La juzgadora agregó que la fiscalía de derechos humanos inició las pesquisas en el juzgado de turno de la capital y que posteriormente el proceso le fue remitido; además el MP inició acciones en esa instancia.
«Por el momento lo único que han solicitado son informes a las empresas de telefonía en base a que las amenazas se ejecutaron por la vía telefónica», explicó la jueza Galicia.
AMENAZAS
El 9 de marzo último, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio de Gobernación
dieron a conocer un plan para dar muerte a la diputada Montenegro, posteriormente tres de sus asesores fueron amenazados de muerte.
Los colaboradores de Montenegro que fueron objeto de amenazas fueron: Leonel Lira y Mynor Miranda; quienes el domingo último recibieron llamadas intimidatorias a las 12 horas del día.
Las llamadas fueron recibidas en cuestión de minutos y la primera fue efectuada a las 12:22 horas de ese domingo; la segunda, a las 12.25; y la tercera, a las 12.30, señala el memorial presentado al Juzgado Décimo por la fiscalía.
El martes último la diputada solicitó el uso de las escuchas telefónicas para los teléfonos desde los aparatos celulares desde los cuales fueron emitidas las intimidaciones contra sus colaboradores.