La defensa de Héctor Mario López Fuentes informó que el general retirado sufrió un derrame cerebral la semana pasada. Por ese motivo presentaron un amparo por razones humanitarias, para insistir en el cese de la persecución penal.
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El abogado Moisés Galindo explicó que con esta situación se complica aún más el cuadro clínico del procesado, pues, según consignó, López Fuentes se encuentra en etapa terminal, al sufrir de cuatro tipos de cáncer.
Por este nuevo padecimiento, la defensa presentó un amparo ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, para insistir en que al General retirado se le cese la persecución penal.
Para el efecto, en la acción de amparo argumentaron motivos humanitarios, ya que la defensa espera que López Fuentes pueda regresar con su familia para tener una muerte digna.
El General retirado es acusado de genocidio y delitos contra la humanidad por su presunta responsabilidad en la masacre ocurrida en el área de Ixil, Quiché, entre los años 1981 y 1982.
López Fuentes se encuentra hospitalizado en el Centro Médico Militar. Fue capturado el 17 de junio de 2011, quedó ligado a proceso el 20 del mismo mes y siete días después fue trasladado del Cuartel Militar Mariscal Zavala, al citado nosocomio, donde aún permanece interno.
Según el abogado, existen informes y exámenes médicos que han establecido que la salud del general ha empeorado desde que la causa inició.
También señaló que mediante una evaluación psiquiátrica periódica, diagnosticaron que López Fuentes ya no está apto para comprender ninguna etapa de su vida personal, y por ende ningún proceso penal.
Tomando como referencia dicho diagnóstico, en reiteradas ocasiones han solicitado la suspensión condicional de la causa, basándose en el artículo 76 del Código Procesal Penal: “Incapacidad: El trastorno mental del imputado provocará la suspensión de su persecución penal hasta que desaparezca esa incapacidad”.
CONFIRMARAN SU ESTADO DE SALUD
En contradicción con los argumentos de la defensa, Edgar Pérez, representante de Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), querellantes adhesivos en el caso, mencionó que “en el momento en el que realmente haya dictámenes médicos, forenses, objetivos e imparciales, que revelen la situación real del procesado, por cuestiones humanitarias, no nos vamos a ir en contra de los informes”.
No obstante, enfatizó que los mismos deben ser ecuánimes, “y revisados por otro experto independiente para que no hayan sorpresas”.
Pérez reiteró que buscarán confirmar la veracidad de los exámenes médicos, porque “al señor le han deseado la muerte sus defensores, no sé cuántas veces para que ya no sea procesado”.
Por último indicó que por razones humanitarias “no nos vamos a oponer siempre y cuando se acredite”.
En anteriores declaraciones, el fiscal Orlando López señaló que la libertad controlada (solicitada por la defensa) es una institución jurídica aplicada a personas que ya fueron condenadas, y cuya sentencia se encuentra firme y ejecutada, por lo que la solicitud de trasladar a López Fuentes a su residencia es improcedente.
El caso en su contra, junto a José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, se encuentra en impasse debido a amparos pendientes de resolver en la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).