Bajo el lema de “socios y no patronos”, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció el lunes la nacionalización de las acciones que estaban en poder de una empresa propiedad de un grupo español, que le permitían la administración de los principales aeropuertos de ese país sudamericano.
El gobernante explicó que la firma Servicios de Aeropuertos Bolivianos, SABSA, adquirió en 1997 la mayoría de las acciones con una inversión de menos de 4 mil dólares, y en todos estos años obtuvo ganancias que ascendieron a más de 20 millones 600 mil dólares.
Dijo que el Gerente de esa empresa devengaba un sueldo de 18 mil dólares mensuales, que es lo que el Presidente de Bolivia gana en ocho meses.
Enarbolando la bandera de soberanía con dignidad, Evo Morales informó al pueblo de Bolivia que la referida empresa no cumplió los principales compromisos que adquirió inicialmente de realizar inversiones para el mejoramiento de los aeropuertos El Alto de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Las pocas inversiones se concentraron en servicios de mantenimiento, que no respondían a los rubros señalados conforme el respectivo convenio bajo el cual logró tener acceso a las acciones en referencia.
Los trabajadores de los aeropuertos han festejado la nacionalización de la empresa, debido a que la misma solo estaba usufructuando los bienes del Estado para beneficio de un pequeño grupo de inversionistas extranjeros, cuando las utilidades debían orientarse a atender las necesidades del pueblo. La administración de los aeropuertos ha sido asumida ahora por entidades estatales bajo la figura de la intervención.
Según el decreto de nacionalización, en 180 días concluirá el estudio sobre el valor de las acciones del grupo español. Todos los servicios están funcionando normalmente para garantizar el embarque y desembarque de los pasajeros que van hacia el exterior o llegan a Bolivia, así como mantener inalterables las actividades de comercio.
El Gobierno español con una postura neocolonial, reaccionó con molestia por la medida de nacionalización, llamando al Embajador de Bolivia para que dé una explicación sobre la misma.
Por su parte, el grupo español propiedad de SABSA, pretende una indemnización de 90 millones de dólares.
La actitud del presidente Morales contrasta con la postura del presidente Otto Pérez Molina, quien fue a España a promover las inversiones de empresas de ese país en Guatemala, pero dentro del marco de la política neoliberal que tradicionalmente ha favorecido los intereses extranjeros y no los nacionales.
Guatemala es un país rico, pero lleno de pobres, entre otras razones porque las compañías transnacionales se llevan fabulosas ganancias y aquí solo nos dejan migajas.