Las poblaciones de América Latina son víctimas de los «crímenes climáticos» cometidos por los países desarrollados, denunciaron hoy en Barcelona (España) organizaciones bolivianas que exigen una justicia climática internacional que incluya reparaciones.
«Se ha constatado que las consecuencias del cambio climático están implicando la violación del derecho al territorio, a la cultura y a la vida de las poblaciones» indígenas de Bolivia, afirmó Elisabeth Peredo, directora de la Fundación Solón.
El deshielo de los glaciares andinos, por ejemplo, amenaza a estas poblaciones con una penuria de agua que «a mediano plazo va a forzar a las comunidades a retirarse de su hábitat», explicó.
Peredo presentó la creación a mediados de octubre en Cochabamba (Bolivia) de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, una entidad ética no vinculante en la que participan organizaciones de otros países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, Perú o Puerto Rico.
Ante este organismo, único de su género en el mundo en cuestiones climáticas, se presentaron el 13 y 14 de octubre varios casos de violaciones de los derechos humanos causados por el calentamiento global del que los países en vías de desarrollo responsabilizan a las naciones industrializadas.
A partir de estas denuncias, el tribunal recomendó «exigir a los gobiernos de los países industrializados del Norte, la reparación de la deuda climática y ecológica que han venido acumulando históricamente».
Este organismo pidió asimismo a Naciones Unidas «que se abran investigaciones exhaustivas sobre los derechos que se están violando, con la creación de relatores especiales como los que ya existen para otros temas», explicó Peredo a la AFP.
«La voz de los pueblos cuya supervivencia está amenazada» por las consecuencias del calentamiento global «no está siendo escuchada en las negociaciones», denunció, criticando un debate que calificó de «totalmente mercantil» y «ajeno al sufrimiento de la gente».
Bajo la égida de Naciones Unidas, delegados de más de 180 países negocian hasta el viernes en Barcelona en un intento de avanzar en la elaboración de un nuevo acuerdo internacional de lucha contra el cambio climático que debería ser adoptado en diciembre en la conferencia de Copenhague.
«Estamos pidiendo a los países que contaminan que asuman sus responsabilidades», urgió por su parte Seferino Cortes, miembro de la comunidad Khapi que vive en las faldas del nevado boliviano de Illimani, del que también dependen otras 40 comunidades indígenas.
«Tememos que la nevada se haya reducido al 50%» debido al calentamiento, y «si no hay agua, por fuerza tendríamos que salir a otros departamentos, a otros países», afirmó. Este movimiento de refugiados climáticos representaría además «el abandono de nuestra cultura y de nuestras costumbres tradicionales», agregó.
«El modelo de producción capitalista en menos de cinco siglos está destruyendo el planeta», denunció por su parte Cristian Domínguez, de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, urgiendo a reemplazarlo por un «modelo de desarrollo equitativo, solidario y armónico con la naturaleza».
Moisés Huarachi, de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, recordó por su parte que también durante la cumbre del ALBA, el 15 y 16 de octubre en Cochabamba, se pidió «el reconocimiento y el pago de la histórica deuda climática» por parte de los países ricos.
«Debemos en el futuro tener mecanismos que permitan hacer justicia con aquellos que generan impactos o no respetan compromisos», urgió por su parte el viceministro boliviano de Medio Ambiente, Juan Pablo Ramos, afirmando el apoyo de su gobierno a esta iniciativa ciudadana de «justicia climática».