Representantes de distintas entidades gubernamentales de Huehuetenango, que relacionan sus actividades con la protección del ambiente, principalmente de los bosques, participaron en la socialización de la integración del plan de acción de prevención de la deforestación.
El director regional del Instituto Nacional de Bosques (INAB) Mynor Mérida, reiteró que el objetivo del evento fue la socialización del plan interinstitucional para la prevención y erradicación de la tala de bosques en el país; acciones que impulsa el Vicepresidente, Rafael Espada, a fin de integrar a todas las instituciones en el referido plan programa.
Según Mérida, en la actividad, que no fue exclusiva del INAB, participaron representantes del Consejo Nacional de íreas Protegidas (CONAP), del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), operadores de justicia, Ministerio Público (MP), Oficinas Forestales Municipales (OFM), Comisión Nacional de Tierras (CONTIERRA), entre otras instancias.
A decir del funcionario, se esperan buenos resultados en el actuar de las distintas instituciones, debido a la necesidad de proteger los bosques ante los altos índices de deforestación, que ascienden a nivel nacional a 73 mil hectáreas y las regiones de Petén, Izabal, Baja y Alta Verapaz son las más afectadas; en Huehuetenango se reportan 3 mil 93 hectáreas deforestadas, agregó.
Mérida dijo que una de las principales causas es la tala ilegal, la que se intenta frenar a través de la integración de todas las instancias en una mesa, con distintas líneas de acción, que van desde la revisión del marco jurídico, el fomento de la coordinación de actores sociales y gubernamentales, capacitaciones y el fortalecimiento de un sistema de información pública, entre otros, comentó finalmente.
El Instituto Nacional de Bosques (INAB) podría paralizar sus actividades si el gobierno central mantiene la reducción del presupuesto para su funcionamiento, informó Moisés Velásquez, director subregional de la entidad, en el departamento de San Marcos.
Las operaciones administrativas y las de campo, a nivel de supervisión, asesoría técnica y monitoreo, entre otras, se reducen al mínimo por la falta de recursos para la movilización del personal y para la compra de insumos para los vehículos, manifestó Velásquez.
Para que la institución pueda funcionar con normalidad se necesita la asignación de un presupuesto completo, que asciende a un total de 122 millones de quetzales para cubrir las necesidades y los compromisos contraídos con las comunidades donde se trabaja con el recurso bosque, a nivel nacional, señaló el entrevistado.
Con la reducción del presupuesto de este año se corre el peligro de que desaparezcan los Proyectos de Incentivos Forestales (PINFOR), el de Pequeños Poseedores de Tierras con Vocación Forestal (PIMPEP) y el de las Industrias Forestales, destacó el funcionario.