En un submundo de fármacos, visiones y pensamientos distorsionados, especí­ficamente en el Pabellón 5 del Hospital de Salud Mental Dr. Carlos Federico Mora, no existe una división entre los enfermos con trastornos mentales y las personas en conflicto con la ley que padecen desórdenes psiquiátricos, a causa de la sobrepoblación de internos. Esta “dificultad” encierra preguntas sin respuestas y además despierta sospechas sobre las condiciones de quienes evaden la cárcel fingiendo enfermedades, como ya se reportó en una ocasión.

¿Puede un criminal –sin aparentes trastornos– vivir junto a un enfermo mental?

En 2009, una persona vinculada a una estructura criminal fingió estar enferma para evadir la cárcel, de acuerdo con fuentes oficiales. Y en la actualidad, según directivos del nosocomio, los internos todaví­a tienen que convivir con personas en conflicto con la ley que según informes médicos también padecen trastornos mentales.

Nury Orozco, directora ejecutiva del Hospital, refirió que la semana pasada hubo un registro de por lo menos 105 pacientes con implicaciones legales que tuvieron que ser ubicados en los pabellones de ese centro de tratamiento.

“El conflicto mayor es que son pacientes con problemas legales. Ellos vienen con dos custodios cada uno: no solo tenemos al paciente psiquiátrico con implicación legal, sino aparte tenemos a dos custodios por cada paciente”, explicó la directiva.

Estos internos, con problemas legales, entran al centro de atención para convivir con pacientes psiquiátricos altamente vulnerables, que no necesariamente han delinquido o cometido una transgresión a la ley.

“No son sólo hombres, también son mujeres con implicación legal y mayores. Tení­amos 105 privados de libertad. Tuvimos que distribuirlos en diferentes pabellones y eso nos causa problemas”, destacó.

Por su parte, Mauricio Aquino, subdirector del nosocomio, dice que las personas en conflicto con la ley son llevadas a este centro por diferentes instituciones. Aclara, que no se trata necesariamente de delincuentes.

“El Pabellón 5 tiene 41 pacientes con algún problema legal y tiene 58 en total; hay algunos que conviven allí­ con ellos.  El privado de libertad no necesariamente es un delincuente, es un enfermo psiquiátrico que ha delinquido”, explica.

Los enfermos con problemas mentales y legales son ingresados con una orden judicial al centro de salud mental. Los jueces basan sus resoluciones en los informes que proporciona el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que determina el estado de salud del paciente, supuestamente a través de análisis y estudios.

INTENTA EVADIR LA CíRCEL
En 2009 el Hospital de Salud Mental albergó a un paciente atí­pico. Se trataba de un miembro de una estructura criminal dedicada a los secuestros, quien fingió ser un enfermo mental para evadir la cárcel.

“í‰l cayó detenido. Lo detuvieron las fuerzas de seguridad y se fue a la cárcel; estando allí­ fingió que estaba enfermo.  Dijo que se sentí­a mal e hizo algunas maniobras como que fueron sí­ntomas, entonces el juez lo pasó para acá. Aquí­ lo evaluamos, se le hizo su informe que era un trastorno ficticio, se le informó al juez y a los pocos dí­as lo mandó a traer”, dicen fuentes del nosocomio.

De acuerdo con los entrevistados, este es un caso único, porque hay psiquiatras entrenados que identifican a un paciente que intenta fingir.

“Se emiten unos 260 informes al año y hablamos de 3 años. En 3 años un caso, casi no se da porque es un poco difí­cil que a un psiquiatra entrenado, lo pueda engañar un individuo, sólo uno lo ha intentado –no podemos precisar su nombre–.  Tenemos algunos que ya están recuperados”, dice el subdirector del centro.

CONTROL
Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental, ve con preocupación los casos de personas que fingen ser enfermos mentales, y la falta de una separación entre los internos que han transgredido la ley y quienes no, principalmente porque el sistema corrupto puede permitir que suceda.

“Es un riesgo potencial que al final la posibilidad de irse al hospital psiquiátrico o irse al hospital militar –lo pongo en ese extremo- está derivado de la orden de un juez, que dictamina que si necesita ese traslado. El tema de la corrupción es tan grande que alguien que tiene ví­nculos, nexos, dinero, poder, puede conseguir una orden diciendo que necesita atención médica o neuropsiquiátrica”, indica.

A decir del entrevistado, otro problema son las fugas, debido a que el hospital es eso, no un centro de privación, y por ende no tiene las medidas de seguridad adecuadas.

“El hospital psiquiátrico está concebido como un hospital y no como un centro carcelario, la posibilidad de fugas o problemas son mayores que en una cárcel, pero insisto, refleja la debilidad que tienen las autoridades de seguridad en general y el Sistema Penitenciario –quien deberí­a hacerse cargo de los privados con problemas mentales– siempre ha sido el que menos recursos y atención recibe dentro del sistema de seguridad pública”, indica Garavito.

El pasado 22 de septiembre, Justiniano Roblero Ramí­rez, de 37 años, fue recapturado por la Policí­a Nacional Civil (PNC), pues se fugó del Centro de Salud Mental Federico Mora.  En un allanamiento en San José Ojetenam, San Marcos, fue detenido por miembros de la institución de seguridad.  Cumplí­a una condena de 25 años, sindicado por el delito de asesinato.

HALLAZGOS DE LA PDH
La Procuradurí­a de los Derechos Humanos (PDH), a través de las Unidades de Supervisión Administrativa y de Supervisión de los Servicios de Salud y Defensorí­a de las personas con Discapacidad, realizó dos visitas en este año, a este centro de atención especializada.

La última fue realizada en junio pasado, en donde prevalecen varios hallazgos relacionados al conflicto que ocasionan las personas en situación legal especial y sus respectivos custodios.

El informe destaca una entrevista a la actual directora, Nury Orozco, quien expresa su preocupación por esta situación.

“Cada dí­a se está convirtiendo en un centro de privación de libertad, ya que los jueces, en la mayorí­a de los casos solo mandan a las personas sin previa evaluación psiquiátrica y sin tomar en cuenta el espacio fí­sico del hospital”, refiere.

Otro aspecto que preocupa y que se refleja es la presencia de la Policí­a Nacional Civil (PNC) y de los guardias penitenciarios que provocan que existan armas de fuego en estas instalaciones.

“La armerí­a está ubicada en el costado derecho de la entrada al Hospital.  Es una covacha construida con madera.  Allí­ están depositadas en un archivo de oficina: el lugar no es el más adecuado para el resguardo de las armas. Las armas son depositadas de dí­a y se les entrega para el turno de la noche, para lo cual no existe un libro de registro”, cita la información.

Entrevistas realizadas a los custodios, según el análisis de la PDH, dice que “varios de los reos que se encuentran en dicho nosocomio, no deberí­an estar internados en ese centro, porque se trata de reos peligrosos que deben estar en los Centros de Detención Preventiva o en los Centros de Ejecución Penal.

Añade que hay pacientes que deben ser atendidos en lugares para rehabilitación de drogadictos o alcohólicos, así­ como de Infectologí­a.

De acuerdo con la información, “muchos reos ya tení­an mucho tiempo de estar internados y su lugar era estar en libertad, pero los Jueces de Ejecución Penal de la ciudad y de los departamentos, por diferentes circunstancias, a pesar de haber cumplido el tiempo estipulado para cierta clase de delitos,  no resuelven favorablemente”.

También se expone, de acuerdo con la PDH, que algunos reos llegan a ese nosocomio y personal de enfermerí­a les administra cierta clase de medicamentos, que altera su estado de conciencia, afectando su estado normal a neuropsiquiátrico, que en lugar de ayudar, perjudica.