El día de ayer primero de mayo el diputado unionista y columnista de elPeriódico, José Alejandro Arévalo publicó, con su habitual manera persuasiva, cargada de mensajes subliminales, un interesante artículo titulado “Gobierno contra Banguat: Gabinete Económico versus Junta Monetaria”.
El título del mismo, de por sí, provee de luces sobre el núcleo del mensaje a quedar grabado en la poco versada opinión pública sobre estos temas, y permite entresacar conclusiones sobre la posición de dos representaciones independientes que integran la Junta Monetaria, como lo son la Universidad de San Carlos y el propio Congreso de la República, que al parecer están bien de la mano de las políticas que el titular del banco central, Edgar Barquín, y por supuesto sus cuerpos técnicos, están implementando.
Nuestro ordenamiento constitucional, guste o no guste a los tecnócratas, obliga a que entes conformados de manera corporativa, como la Junta Monetaria, no sólo discutan democráticamente las medidas que se toman, sino que se ventile en la esfera pública todas aquellas medidas clave que tienen que ver con la afectación a la hacienda pública o a los bolsillos de los guatemaltecos. Y es que tiende a creerse, erróneamente, que el Banco de Guatemala es un recinto inmune al interés de la gente común y corriente, y una especie de Olimpo de los dioses.
En el caso de la famosa “tasa de interés líder”, se omite por todos lados ventilar que el costo del mantenimiento de la política monetaria del año pasado le costará a la hacienda pública el año próximo la bicoca de Q1,000 millones; es decir exactamente el esfuerzo tributario adicional que las finanzas públicas lograrán recolectar este año.
Para la mayoría de mortales este artículo parecerá demasiado técnico y seguramente se leerá y comentará muy poco, en virtud de que estas cosas se discuten únicamente en los altos pináculos bancarios, y para el resto de la opinión pública es muy común tan sólo repetir el estribillo que el gobierno no debiera meter sus manos en el Banco de Guatemala y de que a mediano plazo debieran haber reformas legales que dejen solos a los tecnócratas que saben de esos menesteres.
Y hablando de sutilidades, el diputado Arévalo apela a los sabios y sacrosantos consejos del Fondo Monetario Internacional para Guatemala, que recomienda a las finanzas públicas pagarle las cuentas por cobrar al Banco de Guatemala, que corresponden a más de Q18,000 millones, recuperar las pérdidas de las clases pasivas, y cubrir la deuda flotante del Estado.
Harta responsabilidad tienen entonces el propio Congreso de la República y la Universidad de San Carlos, que son miembros plenos de la Junta Monetaria, en proceder a formular propuestas concretas y realistas de cómo responder con estos menesteres, cuando se están creando a diestra y siniestra iniciativas de ley que descuentan de los ingresos tributarios, abultadas cantidades de dinero de los recursos públicos y se trasladan a fines específicos como ha sido el caso por ejemplo del IVA-Paz, o se demandan más fondos para subsanar los excesos de los pactos colectivos y los privilegios laborales en diversos entes públicos, incluyéndose aquí a la propia Usac, el Congreso y por supuesto los entes de la banca central.