Creemos que, por elemental principio de decoro, aquellos ciudadanos que decidan contribuir con el Tribunal Supremo Electoral en la conformación de las juntas electorales departamentales y municipales, debieran de abstenerse de aceptar algún nombramiento en el Gobierno que resulte electo durante el proceso que ellos tuvieron que supervisar, puesto que se presta a muy malas interpretaciones el que alguno de ellos, cuya participación pueda haber tenido alguna influencia en el conteo computarizado de los votos, luego resulte ocupando puestos de mucha importancia en dependencias donde se manejan millones.

Obviamente no existe ninguna prohibición para que esos ciudadanos que mostraron interés cí­vico por servir al paí­s puedan optar luego a cargos públicos de nombramiento, pero no hace falta ser genio para entender que es indispensable guardar las apariencias para evitar suspicacias, sobre todo cuando se ha comentado de manera tan insistente que existen algunas sombras en procesos previos que nunca se han podido esclarecer ni para limpiar nombres ni para señalarlos de manera definitiva. Y persistiendo tal nebulosa, mayor razón para que la gente que cuenta los votos y supervisa a quienes los cuentan en detalle, muestre sentido común evitando ví­nculos que hagan pensar mal.

Y si, de ajuste, el funcionario que acepta un nombramiento luego de haber servido en una de las juntas departamentales permite que en su dependencia se hagan transferencias millonarias, cambiando sin el menor rubor el destino de fondos destinados a las mayores prioridades nacionales para facilitar negocios que se hacen sin supervisión, fiscalización ni control, entonces es mucho mayor la sensación de que hay un tráfico de intereses en el que se pasan la factura unos a otros.

Obviamente el caso que comentamos, de manera destacada, es el de la actual ministra de Educación, quien no sólo prestó sus servicios al Tribunal Supremo Electoral en la pasada elección, sino que luego facilitó el desví­o de millones destinados a educar a nuestros niños para financiar la construcción del aeropuerto La Aurora, elementos que combinados hacen crecer la natural suspicacia derivada del simple hecho de que quien fue juez en el proceso de elecciones, sea luego parte del gobierno que asume como resultado de esos comicios.

El TSE debiera, por su propia imagen y por la necesaria apariencia de honestidad, exigir a quienes acepten figurar en las Juntas Electorales a nivel departamental y del distrito metropolitano, que se comprometan a no aceptar puestos en dependencias donde tienen a su cargo el manejo de millonarias partidas porque la verdad huele muy feo eso de que tras la elección, se nombre a los miembros de las juntas para esos puestos o que a sus parientes se les premie con contratos jugosos, como ha ocurrido con otros de los colaboradores del TSE.