Estimado licenciado Oscar Clemente:
No había tenido la oportunidad de leer su artículo del 12 de diciembre y ahora que la tuve quiero referirme a una parte de él.
Me refiero específicamente a la que se refiere a la desazón o disgusto del señor Ministro por la reinstalación de que son objeto policías que han sido destituidos y la cual se achaca a los emplazamientos y otras acciones legales de los trabajadores. No conozco los procedimientos que utiliza el Ministerio de Gobernación para realizar los despidos de policías u otros empleados, pero el argumento que emplea el señor Vielmann es un argumento recurrente en las autoridades de cualquier dependencia pública para justificar porqué no realizan las depuraciones necesarias debido a la existencia de malos empleados, en este caso policías, sobre los cuales es obvio porqué razones son destituidos. Sin embargo, dicho argumento no resiste un análisis serio. El emplazamiento laboral no impide las destituciones ni es un manto de impunidad para los malos trabajadores, ni mucho menos una estrategia sindical para proteger a éstos. No. Aún estando emplazada, una dependencia pública puede destituir a un trabajador si comprueba ante un juez competente que dicho trabajador incurrió en una causal de despido debidamente tipificada en las leyes correspondientes. Es decir, el emplazamiento lo único que hace es impedir los despidos por la vía administrativa, sin seguir los procedimientos establecidos en la ley. Si se revisa la Ley de Servicio Civil y las leyes específicas de otras dependencias se verá que los procedimientos son claros, las causales de despido son fáciles de probar y debería hacerse de manera rápida. El emplazamiento lo único que hace es garantizar que esos procedimientos se sigan exactamente y se pruebe ante el juzgador la causal de despido. El juzgador puede autorizar al patrono a despedir al trabajador una vez se probó lo que mencionó. Las órdenes de reinstalación se producen casi siempre porque los patronos no siguen los procedimientos para destituir al trabajador, lo hacen de manera arbitraria, incluso sumaria y no solicitan la autorización del juez competente para hacerlo. Es decir, el problema no es provocado por los jueces laborales, ni por las leyes, ni mucho menos por los sindicatos. El problema son las mismas autoridades que no conocen o no quieren aplicar la ley correctamente.
En cuanto a los demás reclamos del señor Ministro que conviene revisarlos y encontrar la forma de darles una adecuada respuesta, pero no se debe dejar de tener presente que mucha de la indiferencia y hasta menosprecio de la sociedad tiene su origen justamente en la desconfianza que usted menciona al final de su artículo y que se tendrá una mejor respuesta cuando se vea en la práctica el cambio real en la policía; pero mientras sigamos viendo patrullas estacionadas en los lugares en que sus ocupantes tienen sus «entretenciones», retenes que para lo único que sirven es para sacarle dinero a los ocupantes de los vehículos que son detenidos, operativos de revisión de autobuses extraurbanos en las madrugadas cuyo único propósito o resultado es quitarle tiempo y el sueño a los pasajeros y los hermanos centroamericanos que son bajados, supuestamente por estar ilegalmente en el país, regresan al cabo del tiempo después de haber dejado una buena cantidad de dinero a los policías, etc. Será difícil encontrar solidaridad, respeto y comprensión en la ciudadanía. Justamente la exigencia y la presión ciudadanas son en buena medida responsables de que poco a poco se vayan dando los cambios que se necesitan.
Agradezco su atención a mi nota y le deseo todo lo mejor para usted y su familia, que tanto han contribuido con nuestro país.