La columna escrita por este aprendiz de escribiente, titulada «La libre emisión del pensamiento está en peligro», publicada el 8 de septiembre 2009, en Diario La Hora, fue comentada por el señor Marvin Leonel Moreira Vidal, en la Sección «Cartas del Lector» del 9 de septiembre 2009, sin tocar para nada el tema de fondo del citado artículo, sino de entrada pregunta por qué no comenté «nada, nada, de cuando cierran las radios comunitarias, aquí en Guatemala». La respuesta es muy simple, porque eso no representa coartar la libre emisión del pensamiento, sino una acción puramente judicial que lleva como propósito hacer cumplir las leyes que rigen la materia.
Me explico: el marco legal para desarrollar actividades de telecomunicaciones y normar el aprovechamiento y la explotación del espectro radioeléctrico está contemplado en la Ley de Telecomunicaciones. En ella se establece que el uso de las bandas de frecuencias reguladas es asignado mediante títulos que representan el derecho de usufructo que es otorgado por la Superintendencia de Telecomunicaciones conforme a las normas que esa ley también indica. Según tengo entendido, salvo mejor opinión y pruebas fehacientes en contrario, hasta la fecha no se ha cerrado ninguna «radio comunitaria» propiamente dicha, sino aquellas llamadas «piratas» que, por estar fuera del marco legal antes mencionado, ha ameritado hacerlo satisfaciendo el debido proceso.
Sin dejar de repetir que esta columna no se vende, alquila, ni representa a ningún sector de la población, sino es la libre expresión de mis pensamientos o criterios, cosa que he demostrado fehacientemente a través de muchos años, reitero lo que tantas veces he afirmado: que el término libertad es muy distinto al del libertinaje o al querer hacer cada quien lo que se le pegue la gana. En Guatemala existen leyes que deben cumplirse por parejo. De esa cuenta, todos tenemos el legítimo derecho de defensa; sin embargo, si queremos andar portando una arma de fuego debemos obtener la licencia respectiva para hacerlo. De igual manera todos tenemos derecho a la libre locomoción, pero si queremos ejercerla en un vehículo automotor, previamente debemos obtener una licencia para conducirlo. En materia de radiodifusión es lo mismo, por lo que quienes han querido dedicarse a esta actividad han tenido que llenar los requisitos establecidos. En otras palabras, no es posible seguir con el clásico comportamiento chapín de solo andar viendo cuáles son nuestros derechos, dejando de cumplir con nuestras obligaciones.
Nada más fácil y puntual es cumplir lo que se me solicita, dar mi opinión imparcial y desinteresada sobre las radios comunitarias, que es la siguiente: todos los guatemaltecos debemos cumplir con la ley y quienes piensen que es suficiente comprar equipo y sacarlas al aire, causando daños y perjuicios a los demás, es motivo de enjuiciamiento y pagar las consecuencias que ello implique. Me parece que eso no es, ni será jamás, violar los derechos humanos de nadie.