El pasado sábado Eduardo Villatoro abordó de una manera muy concreta la cuestión de lo que he llamado dobles raseros para referirse al tema de la impunidad en el país y cómo quienes en un momento aplaudieron a la CICIG porque cargó contra Portillo y su gente, despotrican contra la Comisión cuando dirigió sus investigaciones hacia los ex funcionarios del gobierno de Berger.
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Y es que honestamente hablando en Guatemala no nos interesa mucho en realidad el tema de la impunidad porque no tenemos vocación de buscar la justicia. Nos hemos ido acomodando a un sistema de facto en el que nosotros mismos, sin intervención de nadie, queremos administrar la justicia por propia mano y al final de cuentas el deterioro de todo el aparato judicial termina siendo conveniente para quienes tienen suficiente saliva para tragarse todo el pinol.
Hace algunas semanas participé junto a otros periodistas en un foro organizado por la Embajada de España sobre el tema de la impunidad y la prensa y en el mismo expliqué mi punto de vista respecto a que desde su origen mismo como Estado independiente, el de Guatemala ha sido cooptado por élites que se reunieron para no pagarle impuestos a la Corona y por ello firmaron la declaración de independencia, creando un sistema de privilegios que perdura hasta nuestros días y que garantiza que a los de la foto no se les puede aplicar el peso de la ley. He reiterado hasta el cansancio el ejemplo de los pícaros que se robaron el dinero de los ahorrantes y que no sólo andan libres, tranquilos y contentos, sino que además hicieron que el mismo Estado asumiera la responsabilidad de devolverle la plata a los clientes de los bancos, rematando así un negocio mucho más que redondo.
La enorme corrupción que caracteriza a nuestro sistema político, empezando por la forma sucia en que se financian los partidos políticos, es posible porque existe todo ese entramado de impunidad que, repito, les conviene mucho a los de la foto, a los que han sabido manejar la situación en el país tranquilamente y sin preocuparse por consecuencias legales.
¿Cree alguien, acaso, que la contratación de sicarios para mandar a matar a un extorsionista como creyeron que hacían en el caso Rosenberg es un caso aislado y extraordinario en nuestro país? Así es como ha funcionado desde hace mucho tiempo la «justicia». Ya he dicho varias veces cómo cuando se producían asaltos en los chalets de Amatitlán, se reunieron varios honorables ciudadanos que pusieron su cuota para que se acabara el problema y el resultado fue una matazón de gente en los alrededores del Relleno, de donde se suponía que salían los asaltantes que mantenían en zozobra la región. Y cuando uno habla del tema, todavía le dicen que sí pero que, efectivamente, se acabaron los asaltos.
Para qué enredarnos con el combate a la impunidad si la misma nos ha permitido operar con mucha libertad para «resolver» los problemas sin el engorroso trámite de un juicio en el que lo más probable es que el acusado salga libre por falta de pruebas. Y uno se encuentra con mucha gente pensante, gente que se dice honorable, que está auténticamente convencida de que no hay otro camino que el de doblarse a todo el que caiga en la definición particular que se hace de los antisociales.
El gran problema de la lucha contra la impunidad en Guatemala es que los ciudadanos no le atribuimos la importancia que tiene porque nos acostumbramos a vivir en un sistema en el que prevalece siempre la ley del más fuerte. Y la desconfianza en las instituciones es de tal calibre que terminamos prefiriendo ese camino.