Otros factores, además del asesinato del abogado, aconsejaban mantener un perfil bajo de parte de Gándara, como la interpelación que estaba siendo objeto en el Congreso de la República, en el cual se aseguraba que habí­a consenso para solicitarle un voto de falta de confianza. Debido al interés oficialista de aprobar la reforma fiscal, era preferible tener a Gándara sin provocar a la oposición en los medios de comunicación, afí­n de que avanzara el proceso con los diputados y no se atrancaran los intereses gubernamentales.

De todos modos no funcionó.

Fue hasta hace dos dí­as, pasado el mediodí­a, cuando Gándara reaparece, anunciando el reemplazo en la cúpula de la Policí­a Nacional Civil. La decisión, a todas luces, fue torpe polí­ticamente; cambios como éstos sólo pueden explicarse, quizá, después de que el Ministro se haya salvado del voto de falta de confianza en el Congreso, el cual, asombrosamente, no fue aprobado, y para que eso ocurra, se deben pagar precios polí­ticos muy altos, como algunas destituciones.

Marlene Blanco Lapola, la ex directora, a pesar de todo, estaba haciendo un buen trabajo. Quizá la PNC necesita de mucho más que eso, pero en ocho meses tampoco se puede sanear una institución corrompida desde su nacimiento.

El destino de Blanco Lapola fue el mismo que el ex ministro Francisco Jiménez, que se manejó, no como una destitución, sino una movilización de piezas, y ambos fueron designados a puestos públicos que no tienen injerencia polí­tica, sólo para no exponerse a las crí­ticas de los sectores pro seguridad democrática.

Lamentable, también, lo de Rémber Larios, ex director adjunto, no por su perfil, que sin duda era más bajo que el de Blanco Lapola, sino por la justificación que dan para su destitución y expulsión de la institución: realizó operativos sin la autorización de sus mandos superiores.

En primer lugar, ya sabemos ahora que toda acción policial es decidida desde más arriba, al menos a través del Ministro de Gobernación, o más arriba aún, desde la Presidencia de la República. Es bueno saberlo, porque después pueden venir procesos -al estilo de los señalamientos de masacres durante la guerra interna- en que los altos mandos se excusan, diciendo que ellos no tienen que ver en esas autorizaciones.

Es lamentable, porque la PNC debe ser una institución técnica y cientí­fica, y que, a pesar de tener que depender orgánicamente al Ejecutivo, deberí­a tener independencia en su actuar. Por último, si Larios cometió errores garrafales, como entorpecer investigaciones, debe ser juzgado, y no simplemente destituido.

Pero mucho peor es la designación de los nuevos directores, quienes desde ayer dejaron entrever su inexperiencia, pese a haber trabajado más de 20 años en la PNC; sin embargo, en los últimos dos o tres gobiernos, la institución policial ha tenido muchí­simos cambios y giros, a tal grado que si el ahora director tiene ocho años de estar fuera, es prácticamente un novato en la cosa policial de hoy dí­a.

Hacia donde vamos… es obvio, con la obstrucción del proceso institucional de la PNC, y por filiaciones recientes de los ahora directores, vamos en busca de fortalecer la privatización de la seguridad, a manos del lucrativo negocio de las empresas de agentes privados.