Prácticamente, la pena de muerte se encuentra en desuso en buena parte del mundo. Sólo se practica en China, el Mundo írabe y algunos estados de Estados Unidos. En paí­ses como Guatemala y Cuba, aún está vigente, pero no se aplica en la práctica.

El principal argumento en contra de la pena de muerte es la creencia (o la aberración a creer) que el ser humano merece infinitas oportunidades para enmendarse. Además, se acepta que la justicia humana no es del todo perfecta, y ante una equivocación en este tipo de condena, ya no tiene vuelta atrás.

La pena de muerte, pues, es la aceptación de que un delincuente no es capaz de enmendar sus errores y aprender. Se cree que la mayorí­a de delitos se cometen bajo la influencia de una especie de ceguera, una especie de locura que impide al delincuente pensar con claridad y augurar su futuro y las consecuencias que le contraerá. Al menos esto podrí­a ser válido para los delitos en que se aplica la pena capital.

Es por ello que se prefiere, en vez de la pena de muerte, un sistema de castigo basado en la exclusión en cárceles, a fin de que el recluso pierda el derecho de vivir en sociedad por un determinado tiempo, y que, si algún dí­a sale libre, salga REFORMADO y ARREPENTIDO.

Sin embargo, aplicando esto a la realidad actual de Guatemala, todos estarán de acuerdo que nuestro sistema carcelario no se basa en el trabajo correccional del reo. De hecho, nuestras cárceles podrí­an considerarse una especie de BECA en que se le proporciona al delincuente cama y comida, y acceso a una amplia red criminal para mejorar sus conocimientos delicuenciales y crecer dentro de las mafias.

Los únicos que le temen a la cárcel son las personas buenas, y la experiencia es toda una tortura para aquellos que por error caen en el Preventivo. Pero estoy seguro que para el delincuente involucrado en las redes criminales, la cárcel no es un castigo, sino un ambiente más.

Tenemos atrofiado, pues, nuestro sistema de castigo al delincuente, y éste ni siquiera se ve en la obligación de repensar si acepta cometer delitos, a cambio de la posibilidad de caer preso. El delincuente actúa sin temor. Es por ello que una buena cantidad de los crí­menes (sobre todo asesinatos y extorsiones), quizá un 60% o más, se comete desde las cárceles, porque no hay forma de que el Estado logre disuadirlo de no hacerlo, porque ante la cárcel no hay algo peor.

Creerí­a que los adeptos a la pena de muerte en Guatemala tendrí­an suficientes argumentos para exigir que se restablezca la pena capital, y se ejecute -en los delitos que establezca la ley- sobre todo a los reclusos, que pese a estar castigados, no están dispuestos a REFORMARSE (como deberí­a ser el objetivo del sistema carcelario), así­ que no merecerí­an la oportunidad.

Hemos sabido que desde las cárceles se coordinan los secuestros, las extorsiones, los asesinatos, trafican armas y drogas, y otros crí­menes, o bien, hasta han violado a las propias visitas. Estos delitos deberí­an ser buenos argumentos para reconocer que el Estado ha perdido su capacidad de castigar, por lo que se podrí­a proponer que se retome el tema de la pena de muerte.

En realidad, no creo que sea casualidad que durante el gobierno de Alfonso Portillo se haya creado el vací­o legal para ejecutar la pena de muerte. De hecho, el gobierno del FRG ha provocado una buena parte del deterioro institucional del paí­s, al desbarajustar el sistema penal y motivar, con ello, al aumento de la impunidad.

Recuerdo bien (aunque estoy seguro que su equipo de comunicación dirá que no) que el presidente ílvaro Colom, durante su campaña presidencial, aseguró que no le temblarí­a la mano si tuviese que aplicar la pena de muerte. Sin embargo, cuando llegó a sus manos el decreto del Congreso que se disponí­a a restablecer la pena capital, la vetó; quizá haya sido por considerarla una ley con anomalí­as, pero, en todo caso, tampoco se le ha visto voluntad para restablecerla, y dar así­ un golpe a la impunidad. En todo caso, si Colom se muestra en contra de la pena de muerte, no se le ha visto voluntad para presentar una iniciativa de ley para que se elimine, y de paso buscar otro castigo máximo para intentar disuadir a los criminales

Considero que el retomar el tema de la pena de muerte podrí­a rendir algunos frutos para que el Estado empiece a recuperar su capacidad de castigar. En todo caso, como ya apunté desde el inicio, yo optarí­a por derogar por completo la pena de muerte… total, en un paí­s con el 99.75% de impunidad, lo más probable es que no se condene a nadie.