Existen en Guatemala un grupo de entes autónomos que proliferaron como por generación espontánea en los tiempos del aranismo, en plena escalada militar, en la década de los setenta. Así, se diseñaron bancos de fomento, una entidad de promoción para las exportaciones y empresas que atendieran sectores vinculados con negocios y proyectos públicos.
En el caso de las portuarias, éstas compiten con sus rivales de la parte norte centroamericana, siendo en el Pacífico con el Puerto de Acajutla, y en el Atlántico con Puerto Cortés. Cuando se ve el país desde muy alto y se le posiciona como parte de una región geopolítica y económicamente estratégica, cercana al mercado y la economía más potente del mundo, lógico es suponer que estos entes tienen una complejidad organizacional y técnica de altísimo nivel.
Si bien las motivaciones de la reciente intervención de Puerto Quetzal no se saben a ciencia cierta, sí suenan muy desafortunadas las declaraciones de altas autoridades de Gobierno al aducir el imperio del contrabando y el narcotráfico en esos recintos como una de las motivantes, lo cual refleja a los ojos de los inversionistas y del público en general un alto nivel de incertidumbre en una organización colmada de millonarios proyectos y transacciones de comercio exterior.
Por información de la propia Contraloría General de Cuentas se sabe de una crisis de gobernabilidad corporativa en la Portuaria Quetzal, al haber sido drásticamente sancionadas las más altas autoridades, debido a la simulación de proyectos normales al giro de negocios de la empresa y su tratamiento como proyectos y compras de emergencia, obviando así los pasos normados en la Ley de Contrataciones del Estado. El hecho de sancionar a cada directivo con el pago de Q5 millones resulta ser un tema de alta atención pública.
Adicionalmente, la información de prensa da lugar a entender que, como suele suceder en múltiples ambientes públicos o semipúblicos, la entronización sindical, en convivencia con la colusión de grupos de interés también está causando crisis, siendo que en esta época de populismo autoritario se demerita el desempeño y la preocupación por la competitividad, en aras de privilegios sindicales que han afectado también a la portuaria del Atlántico, y han mermado la creatividad y el ingenio que debe existir en esos ambientes en donde la preocupación por la infraestructura de punta y la agilidad de los servicios debiera estar a la orden del día.
Lo cierto es que resulta lamentable este suceso pues el presente gobierno dentro de sus legados mas bien negativos dejará un sector de comunicaciones y transporte y un ministerio del ramo con notables rezagos en materia de la entronización en la competitividad, siendo que la figura de un Interventor mas bien con experiencia en seguridad pura y dura, en lugar de alguien con alto conocimiento en logística y empresas, resulta ser contraproducente.
El diseño de una política de infraestructura que abarque carreteras, puertos y aeropuertos se presenta así como una de las más altas prioridades del futuro inmediato, tema éste que desde las propuestas del Plan Puebla Panamá y el Plan Mesoamérica ha quedado en los anaqueles que guardan ideas y perfiles de proyectos, buscando el liderazgo propicio, que nunca llega por estos lares.