Harold Soberanis
En el diario La Hora del 30 de agosto, aparecen dos notas sobre el problema de la justicia en Guatemala. En el primero, titulado «Â¿A dónde se inclina la balanza de la justicia?» su autor hace un análisis de dos casos en los que las leyes se inclinan a favor de grupos económicamente poderosos. El primer caso, se refiere a una compañía de extracción minera en una región de San Marcos. Los habitantes de San Miguel Ixtahuacán se oponen a que opere en ese lugar dicha compañía, alegando que la extracción de metales provoca severos daños al ambiente. Tal oposición se basa, según entiendo, en el derecho humano a un ambiente sano, el cual está contemplado en nuestra legislación.
El segundo que señala el autor de dicho artículo, es el de una cementera que busca instalar una sucursal en San Juan Sacatepéquez. En este lugar, también sus habitantes se oponen a que ahí opere esta compañía alegando, al igual que la otra comunidad arriba señalada, que los daños a la salud de la población son irreversibles y que la ley les garantiza su derecho a un ambiente limpio. En ambos casos los encargados de hacer justicia han actuado lentamente, evidenciando el favoritismo hacia las dos poderosas empresas y mostrando total desprecio por los intereses de la comunidad que, por principio, deberían estar por encima de los privados.
La otra nota a la que deseo referirme es el artículo de Oscar Clemente Marroquín, «Â¿Cuál institucionalidad y cuál estado de Derecho?». En este escrito, señala el énfasis que algunos grupos de poder hacen sobre la necesidad de mantener la institucionalidad y el estado derecho a toda costa, aún cuando las condiciones materiales de la población sean cada vez más precarias, producto de la corrupción, el irrespeto a la ley, el abuso de poder, la impunidad, etc. Ante esta realidad el autor del artículo de marras se pregunta si vale la pena, bajo el argumento que se debe proteger la institucionalidad y el estado de derecho, seguir manteniendo un sistema de justicia ya fracasado.
Los ejemplos sobre la injusticia que se comete, apoyándose en la misma ley son incontables. Podríamos seguir hasta el infinito. Y estos no se dan solamente entre grupos poderosos y comunidades pobres que, por lo mismo, no tienen a la justicia de su lado. También se dan, por ejemplo, entre personas individuales. Me viene a la mente el caso de aquellos padres que, por diversas razones, se ven enfrentados a sus parejas y que para resolver sus diferencias recurren a un tribunal de familia. En principio y a priori, las leyes protegen a la mujer, sin considerar si ésta merece ser protegida, si ha sido una madre competente, si ha sido un apoyo para el esposo, etc. Sin mayor reflexión se descalifica al hombre por el simple hecho de serlo y se cometen una serie de injusticias fundándose en la ley. Aunque las resoluciones pueden ser legales, no necesariamente son legítimas y mucho menos apegadas al principio de justicia que, por definición, toda ley debería contemplar. Se tiene aún muy arraigada la imagen romántica de la madre amorosa y abnegada producto de, y he aquí la paradoja, una cultura machista. Es bien sabido que hay muchas madres que son totalmente lo opuesto a esa imagen que hemos ido configurando (como parte de un imaginario colectivo) y que existen muchos padres que son mejores que aquéllas en el cuidado y educación de los hijos. Pero esto a los encargados de impartir justicia no les importa y apegándose a la ley cometen muchas injusticias contra lo padres como obligarles a pagar una pensión alimenticia que rebasa sus posibilidades económicas, negarles la tutela de los hijos, etc. También en estos casos, pues, se actúa en contra del espíritu de la ley que, por principio, debería se equitativa. No se puede pretender reparar una injusticia, cometiendo otra.
De esa cuenta uno se pregunta si el sistema de justicia que tenemos vale la pena cuidarlo o, si por el contrario, se debe reformar totalmente. Claro que esto se conecta con la legitimidad y moralidad de las leyes. Ahora bien, el problema que surge aquí es que, siendo los abogados quienes hacen la ley, muchos de éstos no tienen la suficiente calidad moral para hacerlo y van dejando vacíos en la legislación que después son aprovechados por ellos mismos para retorcer las leyes a su conveniencia. Por supuesto que hay verdaderos juristas, honestos y capaces, que al crear la ley lo hacen apegados a principios fundamentales de moralidad, pero son los menos.
Los filósofos antiguos afirmaban que la legitimidad de la ley deriva de su fundamento moral, es decir que, para que una ley sea no solamente legal, sino moralmente legitima, debe estar fundada en principios morales universales, sobre todo sobre el principio de justicia.
La reflexión sobre el sistema de justicia que tenemos y sobre la necesidad de construir y conservar un estado de derecho pasa, pues, por el análisis de las leyes, de quienes las hacen y de quienes las ejecutan.
Dicha reflexión debería llevarnos a establecer si las leyes en este país, están basadas en principios absolutos y universales que se reducen al concepto moral de Justicia. También, debería hacernos pensar sobre la condición moral de quienes están llamados a ejecutar las leyes. Muchos abogados se prestan a prácticas indecentes y protegen a priori a quien no merece ser protegido, muchas veces porque están presionados por grupos de poder que desean actuar en función de lo «políticamente correcto», sin pensar si esa actuación responde al valor de la Justicia. Si quienes por su profesión, son los encargados más idóneos de velar por la justicia y son quienes precisamente la violan a conveniencia, ¿qué pasará con el ciudadano medio que no tiene voz ni voto en la elaboración y ejecución de las leyes?
Uno de los significados, que se infiere del análisis etimológico del término «derecho», nos dice que el derecho se puede entender como lo recto, lo justo, lo apegado a normas de validez universal, en contraposición a lo tortuoso, lo enredado y, por lo tanto, lo injusto. Si se comprende el sentido profundo del término, se podrá comprender porque la ley debe estar basada en el principio fundamental de Justicia y, en consecuencia, la actuación de jueces y abogados debería estar regida por tal principio.
De ahí que el problema de si un cuerpo de leyes realmente contiene y preserva el principio de Justicia es algo que compete a todos los profesionales y ciudadanos. Nadie debería ser indiferente ante el nivel de descomposición y tergiversación de las leyes. El derecho, la esencia de las leyes y su sentido de justicia es algo tan importante que no debieran estar solamente en manos de los abogados.