Francisco Dall’Anese salió del silencio, el cual era necesario durante un período inicial en el que apenas tuvo tiempo para conocer el enmarañado sistema que mantiene altos índices de impunidad en el país. Sus recientes comentarios provocaron reacciones, tal y como se había augurado que las gusaneras se iban a alborotar.
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Es cierto: no todos los jueces son malos. Pero en un sistema judicial con impunidad de casi el cien por ciento, se creería que en la mayoría de los procesos hay algo que no funciona.
El proceso para revertir la imperante impunidad es largo y complejo, pero los actores son fácilmente identificables. En primer lugar, la cadena da inicio con la Policía Nacional Civil; después el Ministerio Público y el Organismo Judicial. En estos eslabones también interactúan la Defensa Pública Penal y el Inacif.
Desde los inicios de la CICIG, se identifican algunos cambios que han mejorado esta cadena. La Policía Nacional Civil, que tantos problemas ha dado, se encuentra en un proceso de reforma, liderada por Helen Mack, quien pese a no tener el apoyo político necesario, se mantiene pujante, con la certeza de que la ineficiencia policial no puede cambiar de la noche a la mañana.
En los últimos meses se ha visto depuración policial, un proceso de selección de los altos mandos, que generó el nombramiento del nuevo Director, quien es poco mediático, pero que parece haberle dado a la institución una cabeza que se dedica más a trabajar que a dar declaraciones.
El Ministerio de Gobernación había tenido problemas en su cúpula, con los últimos tres ministros con problemas judiciales; hoy día, parece haber encontrado cierta estabilidad con Carlos Menocal, que a pesar de algunos problemas de transparencia y su falta de experiencia, ha permitido mayores logros en materia de capturas e investigaciones policiales.
En el caso del Ministerio Público, se debe recordar que la errada elección de Conrado Reyes como Fiscal General fue el motivo para que Carlos Castresana renunciara a la CICIG y provocara que el recién nombrado Reyes saliera señalado de favorecer intereses oscuros.
Sólo unos pocos meses antes, los agentes fiscales del Ministerio Público hacían un conato de motín, al rechazar un intento de depuración, tal y como pareciera que actualmente intentan hacer los jueces, ante un anuncio de investigación para la depuración.
Tras un nuevo proceso de selección, la nueva fiscal Claudia Paz y Paz ha demostrado que con voluntad puede haber un cambio radical en el Ministerio Público. Y, aunque todavía hay mucho que hacer para optimizar el trabajo en la PNC, Gobernación y Ministerio Público, es obvio que la siguiente institución en la que hay que trabajar es el Organismo Judicial.
Usualmente, los jueces se quejan de que las fiscalías tienen deficiencias en la presentación de los expedientes de las investigaciones penales, por lo que no tienen otra opción que declarar no culpables a los señalados por falta de pruebas. Pero es un secreto a voces que para los jueces ésta es una postura muy cómoda y que ha sido muy fácil justificar la corrupción y la impunidad argumentando deficiencias en el MP.
Recordando el viejo y conocido refrán: “El que nada debe, nada temeâ€, los jueces deben asumir una postura de facilitar la depuración del Organismo Judicial, para empezar a observar logros en el combate contra la impunidad.
Claro está que falta mucho por hacer, y que la depuración de jueces no ofrecerá resultados mágicos. Pero debe entenderse como parte de un proceso, para lo cual está la CICIG. Es ocioso que los mismos jueces se quejen ante la ONU, porque ese organismo precisamente accedió a establecer la Comisión Internacional para atacar la impunidad.
Después de la depuración de jueces vendrán otros procesos, entre los cuales el más urgente sería depurar el Sistema Penitenciario, que completa el círculo de impunidad en el país. Otros procesos serán para mejorar a la Contraloría General de Cuentas, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Inacif, y otras instancias. Pero hoy día le toca a los jueces.