En un largo tamagás de cinco páginas, José Quesada Fernández me envió sus comentarios sobre la indemnización de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y es una lástima que no tenga capacidad de síntesis, porque el tamaño de su exposición rebasa los espacios lógicos para una publicación de prensa. Pero en resumidas cuentas, lo que Quesada dice es que en el caso de los magistrados hay que considerar que muchos de ellos son gente que ha hecho carrera judicial y que, por lo tanto, al escalar posiciones y llegar a una magistratura no sería justo ni correcto que no puedan recibir una indemnización si ello le pone fin a su trayectoria dentro del Organismo Judicial porque ya no son reelectos.
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El ideal en cualquier país del mundo es que los jueces y magistrados sean gente que hace carrera especializándose en el campo de la administración de justicia. En ese sentido, habría que hacer una distinción entre los magistrados que vienen de un largo escalafón y aquellos que por cuello o conectes políticos llegan a ocupar esos cargos sin tener ninguna práctica específica en las tareas que asume. El mismo Quesada, cuando me llamó para defender su postura respecto a las indemnizaciones y para contarme que me enviaría un documento al respecto, señaló como impropias las indemnizaciones a los diputados, a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral y otros funcionarios, porque según él la gran diferencia la hace el concepto de la carrera judicial.
Y tiene razón cuando se aplica a los que vienen escalando posiciones. Ojalá todos los jueces y magistrados fueran resultado de una carrera judicial porque eso permitiría un mejor sistema de administración de justicia y evitaría que llegaran magistrados cuyo nombramiento es de carácter eminentemente político y luego actúan con ese carácter politizando las decisiones judiciales, como hemos visto tantas veces.
Pero cuando yo le dije que si bien los magistrados de carrera tenían derecho a ser indemnizados no ocurría lo mismo con los que, como el mismo Quesada, no habían hecho carrera judicial, me dijo que él «había querido renunciar a la indemnización pero que no lo hizo por solidaridad con los que la iban a recibir», porque sabían que a ellos les iba a caer palo. Estaríamos entonces frente a un caso de extraordinaria solidaridad de alguien que decide sacrificarse recibiendo varios miles de pesos para no dejar en mal a sus compañeros.
La Ley de Servicio Civil tiene que contemplar los casos específicos de funcionarios que hacen carrera en cualquier rama de la administración pública y que se especializan a lo largo de años de servicio y que, si llegan a un puesto de confianza o son electos para un cargo superior con período específico, merecen ser indemnizados porque de lo contrario estarían en desventaja respecto al resto de servidores públicos. Pero nunca se puede aceptar que los diputados o magistrados improvisados electos por componenda política, reciban una indemnización que no les corresponde y que desvirtúa por completo el concepto mismo de lo que significa la compensación que se debiera garantizar en favor de quienes cesan en sus funciones luego de una larga carrera.
Y no queda sino felicitar a Quesada por su sacrificio. ¡Sin duda le debe haber costado mucho recibir el cheque!