Pese a la meridiana claridad de la norma constitucional que asigna a la Contraloría de Cuentas la función de fiscalizar el manejo de TODOS los fondos públicos, la Contralora ya se confesó incapacitada para hacerlo con los fideicomisos públicos porque no se les permite el acceso a las cuentas argumentando el secreto bancario. En otras palabras, estamos avisados que ese mecanismo es una caja de pandora donde cualquiera puede hacer micos y pericos sin que nadie se preocupe por exigir rendición de cuentas y de esa forma los que diseñaron el mecanismo de los fideicomisos están demostrando cuán certeros fueron al aconsejar un instrumento blindado para ocultar cualquier trinquete o mal manejo de los fondos.

Avisados como estamos de que allí se hace lo que ronque la gana, con el agravante de que ni siquiera el mandato constitucional se puede cumplir por la resistencia de quienes administran esos fondos corruptos, es urgente que la sociedad reclame el cierre de todos los fideicomisos públicos y que no nos dejemos engañar con el cacareo de que el tema será resuelto con la reforma constitucional. Cada día que pasa sin que se puedan auditar los fondos, se roban dinero de los guatemaltecos y eso no lo debiéramos permitir.
 
 Debemos exigir que el Ministerio de Finanzas proceda con urgencia a la cancelación de los fideicomisos existentes en el Ejecutivo y que las entidades autónomas que los han constituido con los fondos públicos también los cancelen de inmediato. El pretexto para constituirlos ha sido que de esa forma se pueden aprovechar los recursos no gastados en el ejercicio presupuestario que de otra manera irían al fondo común y, sobre todo, que es una forma ágil de inversión pública porque se evitan engorrosos trámites que se tienen que llenar en la vía administrativa normal.
 
 Pero lo que no se dijo nunca en forma pública es que esos fideicomisos caerían en el campo del secreto bancario y que de esa manera se trata de una nueva especie de esos gastos confidenciales que están prohibidos por la Constitución desde la reforma que se hizo tras el gobierno de Serrano. Dos han sido los orígenes de nuevos gastos confidenciales, ambos amparados en el secreto. Uno es el de los gastos militares y por ello se hicieron jugosas transferencias de partidas que terminaron en los bolsillos de los mandatarios, práctica que se inició justamente con Ramiro de León Carpio tras la abolición formal de los confidenciales. Y la otra es la de los fideicomisos que garantiza absoluto secreto sobre la forma en que se dispone de miles de millones de quetzales que sirven más que para inversión para realizar gastos vergonzosos como los salarios que algunos alcaldes les pagan a sus parientes, para citar tan solo un ejemplo que es de dominio público.
 
 La Contralora ha dicho que ha realizado todos los esfuerzos por lograr la fiscalización y auditoría de la forma en que se manejan esos recursos del Estado, pero que se topa con una muralla que se volvió infranqueable. Ella misma es la autoridad que con más claridad, insistencia y contundencia ha exigido la supresión de los fideicomisos, lo cual habla bien de sus intenciones para atajar una de las mayores fuentes de corrupción, pero no está en su mano ordenar que se cancelen. Pienso yo que le falta ahora plantear una acción legal en contra de esas prácticas, posiblemente mediante un amparo toda vez que se está conculcando una norma constitucional que le obliga a ella a fiscalizar esos recursos y se le niega acceso bajo el argumento del secreto bancario.
 
 Lo que no podemos, ni nosotros como sociedad ni ella como funcionaria, es conformarnos con patalear sin concretar la objeción legal a una práctica sucia, inmoral y perversa.