Un grupo de ONG advirtió sobre la «gravedad» de la situación de los derechos humanos en Colombia desde 2002 hoy en Ginebra en vísperas de un debate en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del que esperan «medidas» concretas de cara al gobierno de ílvaro Uribe.
«Siete personas han sido asesinadas o desaparecidas por día por la violencia sociopolítica en Colombia», aseguró Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) en un encuentro con la prensa en la sede ginebrina de la ONU.
Según Gallón, los dos aspectos que muestran la «gravedad» de la situación en Colombia son «el alto nivel de violaciones a los derechos humanos desde 2002» y los «ataques contra la justicia».
«Más de 14 mil personas murieron o fueron desaparecidas fuera de combate por razones sociopolíticas» desde mediados de 2002, cuando llegó al poder el presidente Uribe, precisó Gallón, que el miércoles asistirá al debate en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) al que será sometida Colombia.
El hecho de que ese país se someta al EPU, un mecanismo que el Consejo de Derechos Humanos comenzó a implementar en 2008 y por el que pasarán los 192 Estados que integran la ONU, «es una prueba (para el Consejo), porque la violencia en Colombia ha adquirido proporciones extremadamente graves», consideró Eric Sottas, director de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).
El responsable de la OMCT espera que el informe que elabore el Consejo al cabo del debate de tres horas que se celebrará la tarde del miércoles, «ponga el acento en las medidas a adoptar y no en un informe consensuado» sobre la situación en Colombia donde las ONGs denuncian la violencia del Estado, de la guerrilla de izquierda y de los paramilitares de ultraderecha.
Un millar de ONGs -entre éstas la OMCT- elevaron un informe a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la sudafricana Navi Pillay, en el cual afirman que el gobierno colombiano «no ha acatado las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos», instancia que precedió al Consejo creado en 2006.
Campesinos, líderes comunitarios, indígenas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos «son víctimas selectivas» de violaciones a los derechos humanos: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados, entre otros, recordaron.
«Dos mil setecientos sindicalistas fueron asesinados o desaparecieron en los últimos 22 años», puntualizó Gallón. «Este año solamente unos 40 han muerto y desde 2002, más de 480», agregó antes de recordar que existe un acuerdo entre el gobierno de Uribe y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para acelerar las investigaciones.
Pero, «al ritmo que van (…) para investigar los 2.700 casos, se necesitarán 60 años», lamentó el letrado colombiano.
«Lo más grave en este caso es la impunidad», sostuvo Gallón y denunció la «estigmatización permanente» de que son objeto los defensores de los derechos humanos «por parte del gobierno y del presidente que los acusan de ser apoyo de actividades terroristas».
Setenta y cinco defensores de los derechos humanos han muerto o desaparecido en Colombia desde 2002, recordó.
Aida Quilcue, consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, acusó al gobierno colombiano de «negar la existencia de un conflicto» y de «haber vendido la imagen de que Colombia está en un post-conflicto y en un proceso de pacificación» y confió en que durante el debate, la tarde del miércoles, los países latinoamericanos que integran el Consejo «hagan preguntas y recomendaciones a la politica de Uribe en derechos humanos».
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, México, Nicaragua y Uruguay, forman parte de los 47 miembros del Consejo, ante el cual el encargado de defender el informe de Bogotá será el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos.