Los sistemas judiciales en América Latina enfrentan sobrecarga laboral y el irrespeto a derechos fundamentales de los presos, dijo el miércoles en San José el director de un instituto de la ONU para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente.
Durante la inauguración del Curso Internacional de Capacitación en Reformas al Sistema Penal en América Latina, el experto argentino Elías Carranza presentó un panorama de la región.
Al dar a conocer indicadores de criminalidad y justicia penal de varias partes del mundo, afirmó que en particular en América Latina, «exhiben sobrecarga laboral, irrespeto a derechos fundamentales, presos sin condena que exceden los términos legales, a menudo en situación de incomunicación, o falta de acceso a la defensa».
Estos problemas, dijo, contrastan con los indicadores de «privilegio» del sistema de justicia penal de Japón.
Pese a que en América Latina se empezaron a reformar los códigos procesales en 80, «subsisten problemas en la aplicación de las nuevas legislaciones», particularmente en la relación policía-Ministerio Público, en la investigación criminal y en la debilidad de la defensa pública en la región, indicó.
El objetivo del curso es contribuir a crear sistemas judiciales «eficaces, transparentes y responsables» y comparar los problemas de los diferentes países e intercambiar experiencias, según Carranza.
El curso, en el que participan 25 profesionales de Argentina, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y México, cuenta con la colaboración de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y el Instituto de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (UNAFEI).