Aunque la mayoría de diputados en el Congreso aseguran que tienen voluntad para reformar el sistema político del país, la experiencia legislativa confirma todo lo contrario. Establecer nuevas reglas en el juego de los partidos políticos parece no atraer a los legisladores, quienes buscan aferrarse a un sistema cada vez más desgastado y corrupto, pero muy útil para sus objetivos.
agonzalez@lahora.com.gt
Los últimos procesos electorales han confirmado el desgaste del sistema político y su necesidad de reformarlo. Varias iniciativas de ley han sido presentadas en los últimos años persiguiendo ese objetivo, pero su poco avance confirma la falta de interés de los diputados en la mejora de la representatividad y la transparencia.
Según Dirección Legislativa del Congreso, la última reforma a la ley se registró en 2006 y desde entonces 16 iniciativas con objetivos similares han sido presentadas en esa instancia, sin que alguna logre convertirse en decreto. Solo dos avanzaron al segundo debate, de los tres que se requieren para ser ley.
Uno de esos proyectos fue la iniciativa 3826 que ahora busca ser retomada por la Comisión legislativa de Asuntos Electorales para complementarlo con nuevas propuestas de modificaciones que permitan mejorar la ley vigente en lo concerniente a los partidos políticos y su funcionamiento. La propuesta fue presentada en julio de 2008.
“Vamos a reiniciar el proyecto que logró su segundo debate y esperamos lograr los consensos para que sea aprobado lo antes posible. Tenemos contemplado presentarlo en la primera sesión ordinaria el próximo 2 de agosto”, explicó el presidente de la Comisión legislativa de Asuntos Electorales, José David Echevarría.
El reto es alto, ya que los diputados no parecen estar dispuestos a ceder sus cuotas de poder de manera que una profunda reforma electoral se torna cuesta arriba. Sin embargo, algunos insisten en que estas modificaciones sí son viables. Roberto Alejos es uno de ellos, y considera que la presión de la sociedad civil obliga a buscar los mecanismos para lograr una reforma que mejore el sistema político. “Es claro que debemos cambiar las reglas del juego”, resaltó.
Y es que la necesidad de una reforma electoral ha cobrado mayor relevancia en los últimos meses luego del anuncio del Ejecutivo sobre un proyecto para modificar la Constitución Política; algunos diputados y organizaciones de la sociedad civil coinciden que antes de pensar en esto, es necesario fortalecer el esquema político y electoral.
“No estamos de acuerdo en que primero se haga una reforma constitucional, sino el paso previo e ineludible tiene que ser la reforma electoral, para que sea un Congreso representativo. El último evento electoral mostró los grandes vicios de fondo del sistema electoral, por lo que son necesarias reformas profundas y esas tienen que ser primero”, señaló Marielos Monzón, de la Convergencia Nacional para la Reforma Política.
La relevancia de actualizar el marco normativo partidario y electoral radica en la necesidad de profundizar la democracia para comprender los cambios de la sociedad, y así adaptar el diseño de las instituciones, explicó Edmundo Urrutia, otro integrante de la instancia.
Los consultados consideran que se debe mejorar la representatividad del sistema político, ya que actualmente el sistema clientelar y el financiamiento privado de los partidos no permiten que las agrupaciones representen a las mayorías.
TEMAS SENSIBLES
Si bien en 2006 se aprobaron reformas a la Ley Electoral que consumieron varios meses de discusión, el financiamiento de los partidos políticos, el transfuguismo y el número de diputados no fueron temas populares para ser incluidos. De manera que, el reto de legislar al respecto será una tarea titánica para los congresistas.
Para el analista político, Renso Rozal, varios son los puntos que ponen los “pelos de punta” a los diputados, ya que su regulación pondría en riesgo las cuotas de poder a las que están acostumbrados.
El financiamiento público y privado es uno de ellos. ¿Aumentar el financiamiento del Estado?, esa sería la pregunta, y en cuanto al financiamiento privado se habla de aumentar los controles, colocar límites al gasto y establecer la transparencia al origen de los recursos, esa discusión es muy sensible”, destacó.
La democratización también es un punto difícil, según el experto, ya que se buscaría elevar los requisitos para conformar un partido político y modificaría la dinámica de elección. “¿Cómo es posible que haya partidos que no han participado en elecciones? Es inconcebible”, argumenta Rosal.
Además, el analista agrega que, otro tema de discusión es la regulación de los medios de comunicación y su participación en el proceso de elección.
Estos temas difícilmente serán abordados, por lo que se corre riesgo de que finalmente los esfuerzos desemboquen en cambios superficiales que no contribuyan a fortalecer el sistema político en el país. “Es difícil, ya que los más perjudicados serían ellos, no van a querer o va a ser muy difícil que quieran modificar sustancialmente su modelo”, sentenció.
MUERTE PREMATURA
Desde la vigencia de la Constitución, varios son los partidos políticos que se han inscrito en el Tribunal Supremo Electoral; su corta vida no les permite ir más allá, por lo que no sobreviven a más de un proceso electoral, así lo confirmó el Índice de Desarrollo Humano publicado en 2010.
Previamente al evento electoral celebrado el año pasado, 58 organizaciones políticas se inscribieron, de las cuales 31 participaron en un evento electoral. Entre las debilidades que enumera el documento están: La falta de visión de largo plazo, falta de democracia interna y la carencia de una ideología, que origina falta de principios y valores acordes con la nueva realidad y situación que vive la sociedad guatemalteca y el mundo.
La falta de organización también se menciona como una debilidad, ya que impide alcance y cobertura nacional de carácter permanente. Esto se relaciona con la escasa afiliación y una menor militancia de activistas que propaguen las propuestas partidarias.
La urgencia de un nuevo sistema político es necesaria, pero las experiencias anteriores muestran que la voluntad política se rehúsa a cambiar las reglas del juego, de manera que el camino de la representatividad se aleja cada vez más sin que nadie pueda evitarlo.
“Sancionar el transfuguismo es un tema delicado ya que no existe el apoyo”
José David Echevarría, presidente de la Comisión legislativa de Asuntos Electorales e integrante del Bloque Independiente –conformado por diputados que dejaron la UNE tras los últimos comicios–, se refiere a los retos que se enfrentan con la iniciativa de reforma política.
¿Cuáles son los consensos que se han alcanzado en las reformas a la ley electoral?
Tenemos un trabajo sistematizado donde se abarcan cuatro pilares: Tribunal Supremo Electoral, partidos políticos, proceso electoral y jurisdicción electoral. Lo importante es la incorporación de la sociedad civil a este ejercicio, ya que realizamos varios foros donde conocimos la opinión de las distintas agrupaciones.
El financiamiento es un tema difícil ¿Hay algún consenso?
Hay una propuesta, pero estamos evaluando qué mecanismo debe utilizarse para fortalecerlos. Esperamos lograr un acuerdo para que la ley tenga respaldo de las agrupaciones. Un punto en el que estamos bien es en disminuir los días para hacer campaña y bajarlo a 90 días, y no los 180 que contempla actualmente la ley.
Hay muchas críticas para los diputados que cambian de partido ¿Se incluirá el transfuguismo en la propuesta que están elaborando?
No se ha logrado un punto en común, ya que algunos consideran que por ser un país democrático existe la libertad de cambiarse de partido. Yo estoy de acuerdo, pero es un tema delicado ya que no existe el apoyo.
Pero qué pasa con el votante ¿Es válido que no se respete su decisión?
Yo estoy de acuerdo, pero el tema es delicado no creo que exista el apoyo con el resto de agrupaciones en sancionar a quienes se cambien de partido.
¿Cuándo se presentará la propuesta?
Tenemos calendarizado entregarlo en la primera sesión de agosto. No hemos definido la estrategia si vamos a pedirla de urgencia nacional, o que continúe su tercer debate.
REFORMAS
¿Qué se logró con las últimas reformas de 2006?
En 2006 fueron las últimas reformas aprobadas por los diputados, se enfocaron a celebrar elecciones generales en el primer o segundo domingo de septiembre, conceder a los partidos el pago de la deuda electoral a razón de $2 por voto, siempre y cuando alcance una diputación o el cinco por ciento de los votos, y contar como mínimo con el 30 por ciento de afiliados. El financiamiento privado de las campañas, el tiempo de propaganda, el transfuguismo y la regulación sobre la publicación de encuestas se quedaron afuera de la iniciativa
Las propuestas en los últimos años:
Unos 16 proyectos fueron presentados desde 2006, y solo dos avanzaron al segundo debate, el resto sólo llegó a conocerse en el Pleno para enviarse a las comisiones, sin que registraran mayores avances. Algunas de las propuestas eran que los diputados no pudieran ser reelectos más de dos veces, otro proyecto buscaba aprobar el voto de los guatemaltecos residentes en el extranjero y otro propuesto por el Tribunal Supremo Electoral, en 2008, para que se establecieran multas de hasta $200 mil a quienes infringieran la ley.