Las últimas elecciones generales, realizadas en Guatemala el domingo 11 de septiembre, han sido las más cuestionadas desde que se inició el denominado proceso de apertura democrática en el paí­s. Son las séptimas elecciones libres celebradas en democracia, sin embargo, nunca antes como ahora se presentaron una serie de anomalí­as, irregularidades y violaciones sistemáticas a la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos, LEPP, que cuestionan al sistema polí­tico electoral.

Por ejemplo, campañas polí­ticas anticipadas e ilegales, uso de recursos públicos, falta de transparencia de las organizaciones polí­ticas respecto a sus fuentes de financiamiento, gastos desmedidos y millonarios de los partidos polí­ticos que al menos en tres casos (UNE-Gana, Lider y PP) rebasaron en mucho el techo presupuestario establecido en la ley. Pero también hubo un claro clientelismo, sin faltar las difamaciones y campañas negras de desprestigio entre algunos candidatos contendientes. La violencia polí­tica que dominó parte del proceso electoral, es otro factor de desencanto, se produjo la muerte violenta de más de medio centenar de candidatos,  dirigentes, activistas y simpatizantes de partidos polí­ticos, riñas, agresiones, ataques y disturbios callejeros protagonizados entre contrincantes de distintos partidos, por supuesto, abundaron las amenazas, intimidaciones y toda clase de insultos e irrespeto a la dignidad personal. En pocas palabras, otra vez la clase polí­tica guatemalteca ha dado muestras de muy mal ejemplo.

Las actuaciones de las autoridades electorales, magistrados y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, TSE, también han dejado un mal sabor en la ciudadaní­a por la falta de rigor para la aplicación de la normativa electoral en aquellos casos en que algunos partidos polí­ticos, en abierto desacato a la LEPP, iniciaron con mucha anticipación su campaña electoral, incumplieron con revelar a sus financistas y otro rosario de anomalí­as, que las autoridades del TSE fueron incapaces de evitar y/o controlar. Pero el colmo de la ineficacia del TSE se produjo el dí­a de los comicios cuando quedó demostrado, tal como pude observarlo en varias mesas receptoras de votos, la poca preparación de los responsables y la deficiente calidad de la tinta que se suponí­a indeleble. Me sucedió en la mesa donde me correspondió ejercer mi derecho ciudadano y polí­tico, al momento en que me restregaron el lí­quido en el í­ndice derecho, no me dejó ninguna marca, es decir, era un lí­quido incoloro. Para terminarla de amolar, por vez primera en las elecciones de los últimos 25 años, los resultados parciales y finales, de forma rara e inusual fueron presentados con demasiado retraso, al extremo que al dí­a de hoy, aún no se han oficializado varios resultados, sobre todo en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos. En esto y otros asuntos, el TSE está demostrando que algo está fallando.

Es notoria toda la avalancha de anomalí­as ocurridas antes y durante las elecciones generales y ante la acción u omisión del TSE en muchos aspectos; no es de extrañar que los Fiscales de los partidos polí­ticos que participaron en los pasados comicios hayan lanzado fuertes crí­ticas a los magistrados del TSE y calificando la primera vuelta electoral como un “fracaso”; además de señalar una serie de denuncias, manifestaron la “zozobra” que persiste en algunos candidatos a diputados por la no publicación de los datos oficiales que legitimen los resultados de las urnas. Así­ las cosas, vale la pena iniciar un proceso serio de discusión en la ví­a de promover un nuevo sistema polí­tico electoral, más incluyente y participativo.