Lic. Mario Roberto Guerra Roldán

El proceso electoral que está por terminar (pendiente la toma de posesión de los electos), se desarrolló en una forma sui géneris. A pesar que en los dí­as de las votaciones no hubo hechos irregulares destacables (sobre todo el 4 de noviembre), antes y en el transcurso del proceso se produjeron sucesos que le dieron un tono de singularidad.

Antes de que el Tribunal Supremo Electoral emitiera el decreto de convocatoria, los partidos polí­ticos emprendieron una campaña electoral anticipada, con la pasividad del TSE; campaña en la cual comenzaron a derrochar cantidades millonarias, que sumadas a las que invirtieron dentro del proceso, desbordaron con creces los techos legales.

El tema de las finanzas de los partidos fue otro aspecto que sobresalió en el desarrollo de este proceso de elecciones. El Tribunal Supremo Electoral se vio presionado y urgido para emitir un reglamento sobre el financiamiento de los partidos polí­ticos. Sin embargo, las reglas contenidas en el mismo fueron totalmente ignoradas, pues los partidos no dieron los datos requeridos o los proporcionaron parcialmente.

Un presunto candidato a la presidencia trató inútilmente de inscribir a su partido. Si bien es cierto hizo los trámites en forma tardí­a, las autoridades del TSE le impidieron la inscripción aplicando indebidamente preceptos de la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos.

Las autoridades del Tribunal Electoral también se vieron severamente cuestionadas, por no exigir el finiquito y la solvencia respectivos a los candidatos de los partidos y comités cí­vicos, al momento de su inscripción. Los señores magistrados malinterpretaron (de buena fe), tanto la Ley de Probidad como la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos y ello dio pábulo a un grave problema, por la posibilidad de que los candidatos electos no puedan tomar posesión el dí­a que les corresponde, dificultad que debe resolverse para evitar consecuencias de alto riesgo institucional.

La llamada descentralización produjo efectos, más o menos positivos. Hago esta afirmación debido a los resultados de las votaciones. Para la segunda vuelta estaban inscritos 5.990,029 ciudadanos, de los cuales acudieron a las urnas 2.816,337 (47%). El partido UNE obtuvo 1.449,645 votos (24.19%); el PP logró un 21.61% con 1.294,645 votos. Nulos fueron 101,214 votos (1.69%); el total de votos en blanco fue de 50,601 (0.84%), y se abstuvieron de votar 3.173,652 ciudadanos (52%). De conformidad con los guarismos precedentes, resulta un rechazo del 55.51% de empadronados.

De lo expuesto se extrae, en primer lugar, que la descentralización de las mesas produjo relativos frutos, y en segundo lugar, que los candidatos y partidos no tuvieron mayor aceptación ciudadana.

Con los antecedentes señalados, se infiere que nuestro sistema polí­tico electoral amerita inmediatas y profundas reformas, como crear normas con mayores requisitos para la formación, inscripción y democratización de las organizaciones polí­ticas, así­ como para la selección e inscripción de candidatos. Es urgente la incorporación a nuestra legislación, de preceptos que configuren los delitos y faltas electorales con severas sanciones, para que las autoridades del TSE no se vean atadas de manos, ante las infracciones cometidas por los polí­ticos, y que éstos se sometan a la ley. Debe eliminarse la primera parte del artí­culo 231 de la Ley Electoral relativa a los 500 empadronados (espejismo demagógico) y dejarse vigente la segunda parte, en concordancia con el artí­culo 224. Por último debe aclararse lo del finiquito, tanto en la Ley Electoral como en la Ley de Probidad.