Un estudio presentado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) evalúa los avances y debilidades de ocho instituciones del sistema de justicia en un período de cuatro años, además de proponer varios desafíos a las autoridades del Ministerio Público (MP), del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDDP) y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), entre otros.
Cynthia Fernández, analista de Asies explicó que el Séptimo Estudio: Proceso de fortalecimiento del sistema de justicia, avances y debilidades, abarcó cuatro elementos de investigación: el contexto institucional, la atención institucional, la excelencia profesional y el presupuesto.
Fernández se refirió a las debilidades encontradas como la falta de coordinación entre las instituciones de justicia y la falta de personal, como fiscales y defensores públicos, para satisfacer la demanda de procesos.
Hay falta de cobertura en el sector justicia, somos el país en Centroamérica que tiene menos jueces, fiscales y defensores por cada 100 mil habitantes, 11.4 aproximadamente, indicó Fernández.
La analista indicó que otra debilidad encontrada es que las leyes que regulan las carreras judiciales no están completas y que es necesario que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Congreso de la República impulsen las reformas necesarias.
La falta de recursos para contratar personal y construir más sedes fue otro de los puntos débiles señalados; Fernández destacó que el estudio contiene propuestas que esperan sean asumidas por las autoridades en un corto y mediano plazo.
Entre los avances que figuran en el período de noviembre de 2008 a octubre de 2011, están los logros del MP en casos estratégicos, el fortalecimiento del INACIF y la Policía Nacional Civil (PNC) y la vigencia de nueva legislación en materia de extinción de dominio, lavado de dinero y femicidio.
Claudia Paz y Paz, Fiscal General, comentó algunos puntos del informe que se refieren al trabajo del MP, como la creación de la Unidad de métodos especiales que establece la Ley contra la Delincuencia Organizada.
En estrecha coordinación con el Ministerio de Gobernación, la PNC y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) hemos logrado con este método salvar vidas, señaló Paz.
Blanca Stalling, directora del IDPP, Gustavo Mendizábal, magistrado de la CSJ y Gerardo Hurtado, Viceministro de Apoyo al Sector Justicia, también comentaron el estudio de ASIES.
Stalling manifestó que las recientes reformas hechas al Código Procesal Penal, para hacer más eficaz el servicio a los ciudadanos, no han podido ser implementadas por la falta de recursos.
Según el estudio, dichas reformas demandan la implementación de acciones de comunicación coordinación insterinstitucional que involucren a todas las instituciones integrantes del sistema.