Luego de haberse encampanado con la propuesta de sus asesores para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, el Presidente dio marcha atrás ayer, sin duda al darse cuenta no tanto que la propuesta al final de cuentas apuntaba a una ruptura del orden constitucional, sino porque se abre una caja de Pandora dado nuestro podrido sistema electoral. Baldizón y su partido fueron los primeros en salir a la palestra para decirle al general Otto Pérez que no la tendría fácil.

Hay que entender que una Constituyente, en el marco establecido por nuestra Constitución, no tiene facultades para declararse poder soberano y cambiar toda la Constitución como era la intención según se desprende de las propuesta de ejes que habían adelantado tanto el oficialismo como Lider. Legalmente, la Constituyente apenas tiene facultades para modificar la parte normativa de las garantías individuales y el artículo que regula la forma de reformar la Constitución, por lo que ir más allá de eso sería un golpe de Estado como el que quiso dar Serrano y del que no se acuerda ahora en su libro, porque habla del golpe que le dieron a él, pero pasa por alto el manotazo que él dio a la Constitución disolviendo Congreso y Cortes.
 
 Que se puede hacer, por supuesto que sí en un país como el nuestro con estructuras tan débiles de defensa del orden legal. No tenemos una Corte de Constitucionalidad que sea garantía porque responde a vaivenes políticos y con tal de defender huesos e intereses pueden fallar de la manera más alejada de lo que establece de manera clarísima la Carta Magna. Que la opinión pública, con la ilusión de salir de la putrefacta clase política que nos domina podría apoyar una reforma absoluta, no hay ninguna duda, pues nadie está contento con el sistema que tenemos, pero hay que ver que una Constituyente electa en este marco legal que privilegia el poder de los financistas, serviría para servir en bandeja todo el país a oscuros intereses.
 
 Pero que se pueda hacer no quiere decir que se deba hacer o que legalmente sea factible. Por ello la nueva actitud del gobierno parece más sensata porque significa recorrer el camino que establece nuestra misma Constitución y eso permite que al final de cuentas los ciudadanos podamos decidir en consulta popular si lo que se hizo nos agrada o si es un mamarracho. Por cierto que ya una vez mandamos a la punta una reforma y otra vez se aprobó pírricamente la que metió el gol de aniquilar una de las principales facultades de la banca central en cualquier lugar del mundo.
 
 Personalmente pienso que con todo y lo que significa el poder, para los oficialistas puede ser muy cuesta arriba controlar  una Asamblea Nacional Constituyente como la que propusieron los asesores del Presidente que iban tras la reforma absoluta de la Carta Magna. Aun contando con el respaldo del gran capital, no es fácil en una elección de diputados asegurar una mayoría absoluta cuando hay fuerzas muy voraces que no dejarían pasar la oportunidad para ubicarse en posición de llevar agua a su propio molino. Y no olvidemos que el gran capital tiene ahora la competencia de un capital emergente que es agresivo y que tampoco conoce límites en su ambición ni en el reconocimiento de reglas de juego.
 
 Preocupa, sin duda alguna, ver que el gobierno no parece actuar con base en estrategias bien diseñadas sino simplemente por ideas o globitos lanzados al aire. Lo mismo que pasó con la despenalización está ya ocurriendo con la reforma del Estado, que de un planteamiento frontal y decidido, pasa a moderarse rápidamente para, al final, terminar diluyéndose.