Miembros del Sindicato de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) indicaron que ningún proceso jurídico interpuesto por los trabajadores en contra de la empresa Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) ha sido resuelto por las diferentes instancias de justicia.

Santiago Boche, de la Oficina de Protección de Instalaciones Portuarias (OPIP), explicó que aún se encuentran estancados recursos laborales interpuestos en un juzgado laboral, así como otros amparos que “están perdidos en diferentes instancia” no se han resuelto y que ni de la primera fase han avanzado.

Estas declaraciones fueron emitidas por los miembros del sindicato en una citación con el diputado Carlos Mejía de la bancada URNG, para esclarecer dudas que los trabajadores tenían en torno al acuerdo ministerial, 16-2013 del Ministerio de la Defensa.

Esto debido a que según los trabajadores temen que la nueva figura de terrorismo pueda aplicarse a la protesta social y de ser así, la Marina Nacional podría intervenir y elevar el nivel de seguridad en caso de que ellos realicen un paro de labores por inconformidades.

El viceministro de Marina, Tyrone Hidalgo negó que la protesta social pueda interpretarse como terrorismo.