Los principales sindicatos españoles, CCOO y UGT, anunciarán formalmente mañana una convocatoria de huelga general contra el proyecto de reforma del mercado laboral que el gobierno socialista aprobará esta semana tras adoptar un duro plan de ajuste que levantó la protesta social.
Los dos sindicatos, que cuentan juntos con dos millones de adherentes, amenazan desde hace varios días con una huelga general en caso de una reforma «perjudicial» para los derechos de los trabajadores.
El viernes el gobierno socialista dio a conocer un proyecto de reforma del mercado laboral después de haber fracasado las negociaciones entre la patronal y los sindicatos para aprobarla conjuntamente.
El responsable de comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, dijo este lunes que «habrá una huelga general» y que las direcciones de CCOO y UGT se reunirán el martes para decidir la fecha y la estrategia que seguirán.
Según fuentes sindicales, la huelga se convocará «casi con toda probabilidad» después del verano, en «septiembre u octubre», y no se descarta fijarla el 29 de septiembre, cuando están previstas movilizaciones en varios países europeos organizadas por la Confederación Europea de Sindicatos (CES).
Esta huelga general, que será la primera en España desde 2002 por una cuestión social, quiere protestar contra la reforma del mercado laboral que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero presentará el miércoles en el consejo de ministros.
Un responsable de UGT, Toni Ferrer, consideró el sábado que este texto «atenta contra los derechos de los trabajadores».
Zapatero defendió el sábado una reforma «sustancial y equilibrada» que «mantiene el derecho de los trabajadores y favorece la perspectiva para los trabajadores en precario».
Su gobierno pretende aprobar la reforma el miércoles y que el Congreso la vote el 22 de junio, para lo cual deberá ganarse el apoyo de varios partidos porque no tiene mayoría absoluta en la cámara.
El proyecto de reforma, considerado esencial tanto por el gobierno como por el Fondo Monetario internacional (FMI) y muchos economistas, busca crear más empleo en un país que lucha por salir de la recesión y en el que el porcentaje de desempleados supera el 20% de la población activa.
El gobierno quiere sobre todo facilitar los despidos para satisfacer a las organizaciones de empresarios, pero prevé limitar a dos años la duración de algunos contratos temporales para satisfacer a los sindicatos.
Además quiere crear un «fondo de capitalización» del trabajador a partir de 2012 del que salga una parte de la indemnización por despido, que costaría así menos al empresario.
También propone que las empresas, en caso de «probadas razones económicas», puedan despedir más fácilmente o efectuar «modificaciones sustanciales» de la jornada de trabajo cambiando turnos, con una distribución irregular del tiempo de trabajo y horario, cambiando el sistema de remuneración o las funciones de los trabajadores.
La semana pasada, los sindicatos ya convocaron una jornada de huelga de funcionarios por la decisión gubernamental de recortar los sueldos a este colectivo en una media del 5%, medida que forma parte del plan de austeridad recientemente aprobado por el ejecutivo para recortar el déficit, que en 2009 se elevó al 11,2% del producto interior bruto (PIB).