El movimiento sindical del país expresó que no se cruzarán de brazos y que tomarán las medidas que sean necesarias para que el IGSS anule el Acuerdo 1257 que aumenta la edad de jubilación de 60 a 62 años; sindicalistas apoyan la acción de la Procuraduría de los Derechos Humanos al mismo tiempo que solicitan la renuncia de la Junta Directiva del Seguro Social.
José Pinzón, secretario de la Central General de Trabajadores de Guatemala -CGTG- fue claro en expresar el rechazo que todo el movimiento sindical del país, representado por la Confederación Sindical de Guatemala -CUSG- y la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala -Unsitragua-, manifestó ante la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social al aumentar la edad de jubilación de 60 a 62 años.
En este sentido, la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH-, presentó una acción de inconstitucionalidad por dicha modificación, la cual recibe todo el apoyo y respaldo de los sindicalistas.
Sin embargo, indicaron que se debe conocer el resultado de la Corte de Constitucionalidad -CC- y consideran, «como ya se dio una primera vez que se presentó una acción similar por la PDH, donde se había incrementado a 65 años; la CC resolvió dejar sin lugar ese acuerdo y creemos firmemente que sucederá lo mismo»
De no ser así, Pinzón aseguró que la determinación del movimiento «es no cruzarnos de brazos, ya fue suficiente de que nos sigan dando atole con el dedo», y agregó que las medidas se darán sin avisar.
Asimismo exigen la renuncia inmediata de la Junta Directiva del IGSS, «por provocar vergí¼enza nacional ante las decisiones tomadas que afectan a todas las personas afiliadas al seguro social».
«Declaramos no gratos a los supuestos representantes de los trabajadores ante la desprestigiada Junta Directiva del IGSS (…) la autonomía tiene un precio y cuando uno pierde esa autonomía se alinea a cualquier interés», expresó Pinzón refiriéndose a la Unión Guatemalteca de Trabajadores -UGT-, asociación que indicó con anterioridad haber negociado con el IGSS reducir el incremento de 65 a 62.
Finalmente los sindicalistas cuestionan «Â¿Por qué, en vez de sacrificar a los afiliados del IGSS y argumentar los supuestos déficits de los programas, no se exige que el Estado, municipalidades y patrones privados, paguen los más de 15 millardos de quetzales (Q15 mil 226 millones) que le deben al IGSS?».