Los sindicatos de trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), presentarían recurso de inconstitucionalidad contra el nombramiento del interventor Allan Marroquín, de no dilucidarse mejor la transparencia en cuanto al usufructo a Transporte de Contenedores Quetzal (TCQ), filial de la española Transporte de Contenedores de Barcelona (TCB).

Uno de los puntos tratados en la reunión del viernes pasado entre los sindicatos de trabajadores de EPQ y el delegado del gobierno, el viceministro de la Defensa José Lemus, fue la supuesta inconstitucionalidad del nombramiento de Allan Marroquín como Interventor de esa empresa.

Según Lázaro Reyes, del sindicato más grande de EPQ, la intervención se da con tres razones: una es con temporalidad, la segunda es riesgo para la vida de las personas y la tercera es cuando se alteran los servicios públicos, que serían los que presta la Portuaria.

Sin embargo, en este caso, Reyes dijo que el acuerdo de intervención se dio para transparentar los servicios de la Portuaria, pero cuestiona: “¿De qué transparencia se habla si el contrato -de usufructo-  que se hizo con TCB y TCQ fue a puerta cerrada?”,  por  lo que estima que el proceso carece de claridad.

Agregó que el equipo de funcionarios que estaban en la cita, en su mayoría abogados de profesión, era integrado por seis personas y que ninguno respondió el cuestionamiento de inconstitucionalidad. Por lo que en los próximos días, de no llegar a un acuerdo sobre el tema, se presentaría un recurso en la Corte de Constitucionalidad contra el nombramiento del Interventor y las funciones que este le confiere, como son todas las atribuciones de la Junta Directiva.

Los funcionarios en la cita serían el secretario General, Gustavo Martínez; el Interventor; el ministro de Trabajo, Carlos Contreras; César Gatica, subinspector de Trabajo; el comisionado de Competitividad, Juan Carlos Paiz y el viceministro de la Defensa.