El IGSS implementará nuevas formas de prestación de servicios. Sindicalistas consideran estas medidas como una forma de privatización.

Según los acuerdos 1268 y 1269 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) plantean que el instituto no atenderá más a los y las trabajadoras cuyos patrones decidan instalar servicios médicos en los centros de trabajo o bien contraten los servicios médicos a empresas privadas y el de eliminar el carácter de afiliados al IGSS de todos los trabajadores y trabajadoras jubilados.

Por otra parte el acuerdo 1268 establece que en ningún momento los trabajadores podrán acudir al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social salvo que el patrono lo autorice a través de los médicos que contraten para que presten el servicio en los centros de trabajo o a través de los servicios privados.

EN DESACUERDO

En conferencia de prensa el Movimiento Sindical, Indí­gena y Campesina –MSICG– y la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –FEDEIGSS– dieron a conocer su descontento sobre los acuerdos publicados dí­as anteriores en el Diario Oficial de Centroamérica por parte del Ejecutivo.

“La emisión de los citados acuerdos por parte de la Junta Directiva del IGSS obedece y da seguimiento al proceso de privatización encubierto del derecho a la seguridad social de la clase trabajadora que se ha estado implementando en violación de la Constitución Polí­tica de la Republica”, indicó José Gonzalo Erazo Dí­az, director de MSICG.

Así­ también Efrén Emigdio Sandoval, integrante de MSICG, señaló “estamos valiéndonos del Estado de Derecho de las ilegalidades que existen dentro de estos acuerdos. Estos acuerdos no solamente afectan a los usuarios afiliados al IGSS, sino también constituye un sistema de privatización y ahora todos los servicios que deberí­an de prestar el servicio de seguro social lo están haciendo las empresas privadas”.

ANTE LA CC

“Hoy se estarán presentando los acuerdos que caen en inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que esta responda y declare de ilegalidad los acuerdos 1268 y 1269 para que no siga causando graves perjuicios a los y las trabajadoras guatemaltecas”, reiteró Sandoval.

Así­ mismo los sindicalistas señalan que tomarán medidas drásticas si la Corte de Constitucionalidad no apoya lo presentado “existen acciones ante los órganos internacionales de justicia. Si la justicia se niega aquí­ en Guatemala sobre todo cuando se trata de derechos económicos y sociales que son reconocidos por una serie de convenios internacionales y en todos los sistemas de protección de los derechos humanos, entonces estarí­amos cayendo ante los mecanismos que se han creado para la protección de todos nuestros derechos”.

PROBLEMAS FINANCIEROS

Por último los representantes de los diferentes sindicatos critican que estas medidas se realizan por falta de recursos del IGSS, pero que sus problemas financieros radican en la deuda del Estado por 18 mil millones de quetzales.

“El IGSS no ha cobrado la deuda que le tiene el Estado de Q18 mil millones, ya que en Guatemala las autoridades han permitido que se  implementen sistemas de contratación que no existen dentro de los acuerdos del IGSS. Cada vez que hay un proceso electoral se le pide a los gobiernos que pague la deuda, el problema es que los que aprueban el presupuesto en el Congreso no beneficia a las personas pobres que necesitan del seguro social”, manifestó Dí­az.