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Este panorama hace que en el país las remesas sean siempre bien recibidas, pues se considera que el trabajo de los migrantes es una de las mayores fuentes de ingreso de Guatemala que permite la estabilidad cambiaria, que se traduce en mayor poder de compra de una buena parte de la población.

A pesar de esta situación, aún existe una estrecha y no siempre reconocida relación entre los factores económicos y la migración, como la pobreza, el desempleo, la ausencia de inversiones que promuevan el desarrollo y la escasa inversión social del Estado, lo cual termina convirtiendo la variable económica como la principal causa de las migraciones.

Asimismo, el impacto más notorio sobre la economía guatemalteca se puede explicar en base de las remesas, a tal punto que se han convertido en una fuente de nivelación de la balanza comercial y en un estabilizador del tipo de cambio.

FALTA DE CONSENSO

Hoy en día la dinámica de las instituciones que trabajan en el país en pro de los migrantes de cierta forma no se ha articulado en función de la puesta en común de una estrategia de incidencia política, mediática y legal que apunte hacia la definición de políticas públicas, cumplimiento de compromisos internacionales, mejoras en la atención a esta población, procesos de selección de autoridades que ocupen puestos clave, reformas legales y análisis y construcción de propuestas.

De esta forma lo expone el analista político independiente, Renzo Rosal, a la vez que señala que en consecuencia, esta situación no se ha traducido en la exigibilidad de derechos y en la definición de programas y políticas en favor de las poblaciones migrantes.

“Al no haber quién asuma, quién defienda y quién proponga porque no solo se trata de denunciar, sino también de proponer. Mientras no exista esto, el tema queda perdido. Entonces no se puede reclamar que solo el Gobierno tiene responsabilidad, porque del lado de las organizaciones sociales su atención es muy dispersa y difusa”, acota Rosal.

El investigador lamenta que no existan agendas mínimas de parte de estas organizaciones ni por el actual Gobierno, sino estrategias de choque entre las partes involucradas que tratan de encausar solo en un tema y agotarlo, por ejemplo las reformas a la Ley de Migración en el Congreso, que al final se pierden con el tiempo, pues no son iniciativas a mediano plazo.

“El tema migrante también cae en el error de convertirse en un asunto muy coyuntural, es decir, la lucha del año pasado era el voto en el exterior, después fue la reforma migratoria, después otra cosa. Son como oleadas y lo que se debe tener es una agenda común que tenga como base un elemento de lucha como la institucionalidad”, manifiesta el académico.

Otro factor para que los migrantes no tengan incidencia en la toma de decisiones y en el manejo de propuestas en Guatemala, según Rosal, es el hecho de que este tema se maneja solo en la medida en que genere algún tipo de incentivo para la clase política a través de los votos.

“La agenda de los migrantes actualmente es cortoplacista, coyuntural y utilitarista, de oportunismo y los Gobiernos de turno, no solo el actual sino los anteriores han caído en la misma trampa; poner en agenda el tema como un asunto marginal que solo interesa en estas dimensiones”.

COMERCIO EXTERIOR NO RESUELVE

Las exportaciones, inversiones externas en el país y las variables macroeconómicas, en teoría, deberían afectar otras dinámicas, como el empleo, la mejora en los ingresos de los productores, la estabilidad cambiaria y en general el desarrollo económico de las micro, pequeñas y medianas empresas, mipymes. En consecuencia, las migraciones reducirían, pero eso no sucede.

Datos oficiales dan cuenta que las exportaciones de 2001 a 2012 crecieron un 156% (al pasar de US$4 mil millones a US$10 mil millones en ese lapso), mientras que las importaciones aumentaron en un 145% (de US$6 mil 322 millones a US$15 mil 482 millones).

No obstante, el déficit comercial tendió a ser similar, puesto que las exportaciones fueron menores que las importaciones, situación que se ha mantenido en los últimos años, pues el Estado de Guatemala sigue recurriendo a bonos y préstamos internacionales para poder seguir importando del exterior, en un monto superior a lo que se exporta.

En ese sentido, Santiago Molina, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), insiste en que la importancia de que exista un sector empresarial organizado en Guatemala radica en el hecho de que todos los empresarios, sean de pequeñas, medianas o grandes empresas, necesitan un gremio que pueda hacer valer sus principios, valores y derechos así como sus obligaciones en todo lo que tiene que ver en la sociedad productiva del país.

Asimismo, el directivo del CACIF destaca que las cámaras empresariales tienen una voz importante y de peso en el actuar político del país, sobre todo a nivel de propuestas, pues considera que para mejorar las condiciones de la mayoría de los guatemaltecos, que vive en pobreza y no cuentan con un empleo decente, hacen falta más alianzas público-privadas para que los programas de emprendimiento, por ejemplo, sean más exitosos.

“En el tema de los migrantes, es un tema sí de guatemaltecos y valorado por el sector empresarial por el esfuerzo     en el envío de remesas, pero que tiene otro lugar en el tema en donde tienen voz. Uno de esos lugares es el Congreso de la República a través de los diputados que de alguna manera representa a la población”, argumenta Molina, aunque deja de lado un aspecto importante: Los migrantes no votan.

Al contrario, la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), Carolina Castellanos, responde que lamentablemente el sector migrante no tiene una voz fuerte en Guatemala, pues las organizaciones a favor de esta población no han logrado tener la fuerza ni el peso político que el sector empresarial posee en el país, a pesar que el aporte económico de ambos bandos bien se podría equiparar.

“Necesitan ganarse más espacios pero en el ámbito político más que en el comercial. El Estado debería de reconocer más la importancia de los migrantes porque precisamente están mandando el equivalente al 10 por ciento del PIB en remesas y miles de familias en Guatemala viven y se benefician de ellas”, explica la representante de AmCham.

La entrevistada coincidió en la importancia de contar con opinión en diferentes temas de la coyuntura nacional, en este caso, desde el punto de vista de la inversión extranjera  y cómo afectan las decisiones gubernamentales y las acciones de ciertos sectores al tomar medidas de hecho, por ejemplo, al comercio transnacional.

“Tenemos el punto de vista de la inversión extranjera diferente a la visión local. Cuando nos pronunciamos en los diferentes temas lo hacemos desde esa perspectiva y todo esto al final se traduce en más o menos empleos. Consideramos que nuestra opinión es muy importante en ese sentido teniendo esa óptica diferente del principal socio comercial de Guatemala, porque aún se depende mucho de Estados Unidos”.

OBSTÁCULOS

Actualmente se calcula que un 98% de las remesas familiares proviene de los Estados Unidos, derivado de esto, el aporte de las familias de connacionales residentes en la nación norteamericana hacia la economía guatemalteca es cuantioso, al igual que su impacto, pues con ellas se eleva la capacidad de compra e inversión, situación que influye en la capacidad de recaudación fiscal para el Estado, ya sea a través de impuestos indirectos o directos.
 
De igual forma, se estima que el mayor ingreso de connacionales a EE. UU. de manera irregular, se registra entre 2001 y 2012, periodo en el cual pudieron haber arribado unos 671 mil 722 nuevos migrantes guatemaltecos, 180% más que antes de 1999.

Para el 2012, la Organización Internacional de las Migraciones contabilizó 1 millón 544 mil 209 guatemaltecos en Estados Unidos, representando casi el 2.5% del total de población hispana en aquella nación.

La OIM también indica que una gran cantidad de la población guatemalteca migrante está distribuida y reside principalmente en California, Florida, Chicago, Nueva York, New Jersey, así como Texas y Arizona, en ese orden.

El organismo internacional también determina que los principales departamentos que mayor salida de guatemaltecos registró en busca del “sueño americano” en 2012, fueron Guatemala (19.4%), San Marcos (10.5%), Huehuetenango (8.4%), Quetzaltenango (6.1%), Jutiapa (5.0%), Escuintla (4.6%), Alta Verapaz (4.4%) y Chiquimula (4.4%). El resto de los departamentos tiene un porcentaje que oscila entre 1.3 y 3.6%.

En ese marco, Elizabel Enríquez, coordinadora general de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (Menamig), apunta que el tema migratorio siempre ha estado alejado de las agendas de Gobierno y solo se aborda cuando se reporta el incremento que año con año se da en las deportaciones de connacionales al país.

Asimismo, acusa de que el incremento de las deportaciones no precisamente afecta al envío de remesas familiares, pues señala que un 70 por ciento de los guatemaltecos que están siendo retornados son personas que ingresaron recientemente a la frontera con Estados Unidos o que fueron capturados mientras intentaban cruzar al territorio norteamericano. El restante 30% corresponde a las personas que ya se encontraban trabajando en EE. UU. con cinco o más años de vivir en ese país.

Enríquez subraya: “Las migraciones siempre se han visto como una cuestión natural y normal. El volumen de las remesas no proviene de las personas que están regularizadas en Estados Unidos. Un buen porcentaje de esas remesas es de personas con una situación irregular”.

Además, la directiva cuestiona que a los guatemaltecos en el exterior no se les garantice por parte del Estado, el derecho legítimo a la documentación, pues hizo notar que se siguen presentando los mismos problemas de los últimos dos años, con la obtención de las cartillas de pasaportes y el Documento Personal de Identificación, situación que aqueja a los migrantes que intentan obtener la residencia temporal o permanente en EE. UU., u otros beneficios sociales.

En ese tema, en 2013 la Dirección General de Migración adquirió un total de 850 mil libretas para pasaportes, en dos procesos sin licitar al haber sido declarada la compra de interés nacional. La primera adquisición tuvo un precio de Q7.3 millones y la segunda compra costó Q19.5 millones. Aun así, tanto en Guatemala como en el extranjero se reportaron problemas de desabastecimiento de cartillas en dos ocasiones.

Por aparte, la Comisión Nacional para la Atención de los Migrantes en Guatemala, Conamigua, a través de la secretaria ejecutiva Alejandra Gordillo, argumenta que la importancia de los migrantes no está reflejada pero en Estados Unidos, donde el tema se convierte en uno netamente político, pues aún se encuentra paralizada la discusión de la iniciativa de reforma a las leyes migratorias de Estados Unidos, propuesta por el Senado, pero impedido por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes.

“Se ha comprobado que este tema no tiene réditos para los republicanos. Por el contrario, de poder regularizar a 11 millones de migrantes, podrían estar dándole un porcentaje de esa población votante al partido demócrata. Creemos que no hay que perder las esperanzas y hacer los acercamientos necesarios, pero ya vemos una postura franca y abierta que hace difícil aprobar la propuesta de reforma migratoria”, declara Gordillo.

La dirigente de Conamigua aboga por la propuesta de reforma a la Ley de Migración que actualmente se encuentra en el Congreso de la República, para dotar a la institución de más presupuesto y agilizar procesos y se logre una mayor representatividad de este grupo en la toma de decisiones importantes para su desarrollo.

“Las organizaciones de migrantes a la fecha no han logrado incidir en Estados Unidos. El Gobierno de Guatemala no puede tener injerencia en la soberanía de ese país porque los tratados internacionales lo impiden. Las organizaciones deberían estar más activas y aunque han hecho un esfuerzo que es visible, aún no logran incidir en la política interna en Estados Unidos”, puntualiza.

Cabe mencionar que Guatemala en la actualidad carece de un marco legal adecuado para el manejo de la migración en sus diferentes tendencias debido a que el antecedente inmediato de la Ley de Migración vigente data de hace 60 años y solamente se han realizado algunas reformas, la última en 1998.

De esa cuenta, el decreto 95-98, Ley de Migración, abrió la posibilidad para concesionar la emisión de pasaportes, facilitó algunos requisitos para la obtención del mismo y se agregaron algunas cláusulas para la clasificación de visados de ciudadanos provenientes de países de África, Asia y Sudamérica.

Dichas reformas no previeron el incremento de la tendencia de migración guatemalteca hacia Estados Unidos, ni las características de ser país de tránsito y retorno programado de conciudadanos.

Asimismo, el informe Superando Barreras, del 2010 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, destaca el interés de las remesas familiares, es decir los efectos derivados del proceso de movilidad humana como el empoderamiento de la mujer que se queda a cargo de la familia, la reducción de las tasas de fecundidad y el aumento de las tasas de matriculación escolar.