La insistencia del Ejecutivo para concretar una reforma fiscal parece no incidir en la agenda del Congreso, de tal manera que las reuniones entre los operadores polí­ticos del Gobierno en el Legislativo hasta ahora han sido infructuosas y la aprobación de leyes que coadyuvarí­an a fortalecer la polí­tica presupuestaria, como la de enriquecimiento ilí­cito y la propuesta Antievasión II, parecen no tener cabida entre las prioridades en el Hemiciclo.

A pesar a que el Ejecutivo y el Congreso manejan agendas distintas, ambos poderes tienen en el tintero el debate el tema fiscal, ya que son varios los sectores que han presionado a sendos organismos por la necesidad de fortalecer al Estado y sus instituciones, sobre todo en la seguridad ciudadana, a través de la consolidación de presupuestos adecuados a las necesidades del paí­s.

El Legislativo tiene el poder decisión, por lo que el Ejecutivo está en espera de una tercera reunión con los distintos jefes de bancada para insistir nuevamente en la necesidad de aprobar la reforma que facilitarí­a una ampliación en el margen de captación de recursos de Estado. Pero no todos tienen la misma visión del panorama.

“Una reforma fiscal integral es la que aborda temas como la transparencia y calidad de gasto, algo que ha dejado atrás el Gobierno actual”, dice la diputada Rosa Marí­a de Frade, presidenta de la Comisión legislativa de Transparencia.

Para lograr fortalecer las instituciones hacen falta más recursos, pero también más honestidad y transparencia, explica la legisladora.

Para eso, se encuentra en el Congreso de la República una serie de legislaciones que de aprobarse garantizarí­an la transparencia y calidad de gasto al momento tener mayor tributación-

No obstante, el problema que han identificado algunos expertos en el tema es que ni el Gobierno se preocupa en garantizar la transparencia, ni el Congreso en aprobar leyes que puedan garantizarla.

“La mejor ví­a serí­a tener una reforma fiscal algún dí­a y proveer al Estado de lo necesario para sus gastos; pero las condiciones en el Congreso son difí­ciles”, dice por su parte Pedro Prado, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).

TRANSPARENCIA ELEMENTAL

Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano en Estudios Fiscales (ICEFI)  explica que como antecedentes en la discusión de un pacto fiscal se encuentra una propuesta de pacto que contemplaba temas sensibles, que iban desde los ingresos, el gasto, la deuda y la transparencia en las finanzas públicas.

“Pero a través de los años el Gobierno se ha visto débil en su insistencia por la reforma ya que falla al no tener una agenda enfocada a la transparencia y calidad del gasto público”, agrega.

Así­ mismo, menciona que la transparencia no es solo una responsabilidad del Gobierno, si no de todos ya que el sector privado y la ciudadaní­a también tendrí­an que estar involucrados con el tema de la transparencia tributaria, sobre todo con la ley de Enriquecimiento Ilí­cito.

“Ya tenemos un avance con la Ley de Extinción de Dominio ya que con eso todas las acciones tiene que ser nominativas, ya no tiene que ser acción al portador”, acota.

Según el ex ministro de Finanzas Públicas, Edgar Balsells, lo que está planteando el Ejecutivo es una agenda de tipo tributario, es decir, nuevos tributos, pero lo que se debe de trabajar es una agenda de í­ndole fiscal.

En la propuesta del exfuncionario se detalla una serie de elementos como la transparencia, priorización del gasto, contrataciones y un esquema más integral, “pero ellos (el Gobierno) sólo están mordiendo el polvo para ver de dónde consiguen más impuestos”, indica.

De igual forma, menciona que las distintas instituciones del Estado van por esa misma lí­nea, ya que muchos ministerios lo que hacen es exigir más presupuesto, sin embargo no detallan en qué renglones lo utilizarí­an.

Por tanto, el Ejecutivo actualmente recurre a préstamos de alrededor de $400 millardos, provocando en su aprobación un endeudamiento mayor.

“Una de las alternativas es endeudarse pero eso no garantiza que la situación financiera del Estado mejore si no se mejora la calidad del gasto”, dice Mario Rodrí­guez, analista del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IUPNUSAC).

CRíTICA

Según el analista del ICEFI,  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  aceptó un convenio con Guatemala y el resto de Centroamérica de intercambio de información tributaria y “ahora creo que hace falta algo en el Congreso”.
 
Entre las iniciativas de ley que se mantienen en espera por ser abordadas en el pleno está la ley de Bancos y Grupos Financieros, la ley para la eliminación del secreto bancario, la Antievasión II, reformas a la ley de Contrataciones, entre otras.

“Cuanto antes el Congreso debe de aprobar la Ley Contra el Enriquecimiento Ilí­cito y la ley de Probidad; esto para garantizar una lucha real contra la corrupción”, dice Barrientos.

Por lo que agrega que lo que se debe de superar son las puertas que el Congreso ha estado cerrando para que esta legislación pueda tener luz verde.

“Yo le hago una crí­tica muy severa al Congreso de la República ya que si hay una propuesta de consenso en la Antievasión II y la Ley Contra el Enriquecimiento Ilí­cito no entiendo porque el Congreso no la aprueba”, agrega.

Para Ovidio Monzón, diputado por la Unidad Nacional de la Esperanza y presidente de la Comisión legislativas de Finanzas, las herramientas en mención “son importantí­simas para transparentar el gasto y seamos de la bancada oficial o no, nosotros analizaremos la reforma que proponga el Ejecutivo”.

El experto de IUPNUSAC aún cree que la reforma fiscal pueda ser aprobada: “esperemos que en diciembre pase algo importante para que el próximo año podamos tener una reforma fiscal”.

Barrientos, por su parte, indica que no es que haya falta de propuesta pero “hay una fuerza que esta evitando que se avance en materia fiscal”, ya que sí­ existen propuestas de transparencia y de combate a la corrupción y contrabando que están en el Congreso “pero parece que las tienen escondidas”.

“Hay que reconocer que el Congreso está mandando un mensaje muy negativo, no está atendiendo la necesidad de la legislación que le interesa al gobierno, tampoco está atendiendo la legislación que le interesa al sector privado y su principal obligación que es legislar en los intereses de la ciudadaní­a tampoco lo está haciendo”, finaliza el experto del ICEFI.