Aun sin la esperanza de una reforma migratoria u otra medida de protección para un futuro inmediato, miles de personas parten del territorio nacional cada año en busca del “sueño americano”, presionados por la falta de oportunidades laborales y educativas, de ingresos y a causa de la inseguridad, aunado a la poca capacidad del Estado para generar condiciones de vida digna a su población.

La dinámica migratoria en el país es histórica y compleja, pues Guatemala es considerado un país de origen, tránsito, destino y cada día más, de deportación de migrantes desde México y Estados Unidos.

Solo en el 2013 la Dirección General de Migración registró 79 mil 819 deportaciones de guatemaltecos [PM(1]y si continúa la tendencia de los últimos años, en el 2014 habrá muchos más deportados.

Las únicas alternativas que podrían revertir esa situación son el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) o la eventual aprobación de una reforma migratoria que ayude a los indocumentados a regularizar su estatus, pero ambas situaciones dependen de Estados Unidos y no parece que haya acuerdos para su aprobación.

TPS ANTES QUE REFORMA

“Promoveremos con toda energía y dedicación aquellas medidas que puedan beneficiarles. Queremos decirle a todos los guatemaltecos en el extranjero de manera muy clara, que con este Gobierno van a contar con todo nuestro apoyo para que se respeten sus derechos”, pronunciaba el actual presidente Otto Pérez Molina, en su toma de posesión el pasado 14 de enero de 2012.

Desde entonces, más de millón y medio de guatemaltecos viven en Estados Unidos, de los cuales 900 mil tienen un estatus ilegal, a la espera de la aprobación del proyecto de reforma migratoria en aquel país y que ya fue aprobado por el Senado en junio pasado, o un TPS que les permita de manera provisional, dilucidar su situación y no ser objeto de deportaciones.

Por el momento, el Congreso mantiene en el limbo la reforma migratoria, ya que la mayoría republicana en la Cámara de Representantes se ha negado a debatir el proyecto aprobado en junio por el Senado, de mayoría demócrata, y que incluye la opción de la naturalización.

Y es que el panorama no parece alentador también si se toma en cuenta que en Guatemala se puede observar cómo la migración hacia EE. UU. ha sido y sigue siendo resultado del modelo económico capitalista, enmarcando grandes contrastes y desigualdades en la población.

“La expectativa se mantiene que se pueda aprobar la reforma migratoria en el primer semestre de este año. Si no pasa en este primer semestre, nos tendríamos que olvidar de este tema y buscar otras medidas alternativas para que las personas que ya se encuentran residiendo antes de 2011 tengan algún beneficio”, manifiesta Elizabel Enríquez, de la Mesa Nacional para las Migraciones (Menamig).

Es por ello que a decir de la representante de Menamig, el Estado debe apostarle en primera instancia a solicitar el TPS nuevamente al gobierno norteamericano, para disminuir las deportaciones en el presente año, además de la implementación políticas públicas sostenibles para la generación de empleo en el país.

“La gente va a seguir migrando, se apruebe o no la reforma migratoria, pero también se van a fortalecer los controles fronterizos. En el caso de las personas que están pensando migrar, les sugiero informarse, sobre todo a las personas que piensan pagar por los servicios de un coyote o supuestos trámites migratorios, y no empeñar lo poco que puedan tener”, enfatiza la entrevistada.

En este tema, hay que tomar en cuenta que en el país la migración no es una opción ni un ejercicio de libertad, sino una estrategia de sobrevivencia ante las pocas condiciones laborales y de desarrollo, donde la población en pobreza, que alcanza al 50.9% de la población total, sufre en mayor grado el impactos que tiene el actual modelo económico.

De esta cuenta, la ruralidad y la dinámica migratoria parecen estar ligadas a partir de la configuración de las relaciones de poder que han generado desigualdades, por ejemplo en acceso y calidad de la educación y la salud, reconocimiento a la justicia, uso de los recursos naturales, entre otras.

Estas fuentes de desigualdad generan que el flujo migratorio alcance niveles altos, aunado a las desventajas y peligros que representa para quien migra, el ser objeto de abusos diversos cometidos por “coyotes” o “polleros”, autoridades fronterizas u otros migrantes.

Por lo mismo, sobre todo las niñas y adolescentes, pueden ser sujetas de los mismos y peores riesgos en el tránsito y en el destino que los adultos. Muchos de estos riesgos se traducen en embarazos adolescentes, esclavitud sexual, violaciones en el traslado, secuestro, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas con fines sexuales y comerciales e inclusive la muerte.

Por el otro lado, los países de origen como Guatemala y México no cuentan con políticas estatales que acompañen los derechos laborales de quienes migran o piensen migrar, a lo cual se atribuye las múltiples formas de estafa (por supuestos reclutadores, o por reales que cobran por procesos gratuitos), y otros tipos de delitos contra los migrantes guatemaltecos y sus familiares.

DETECCIÓN, DETENCIÓN Y DEPORTACIÓN

Indudablemente la cara más visible de las migraciones es cuando se observan las deportaciones, tanto hombres, mujeres y niños. Según datos de la Dirección General de Migración, el año 2013 cerró con aproximadamente 50 mil 221 guatemaltecos deportados por la vía aérea desde Estados Unidos. Mientras tanto por la vía terrestre desde México, fueron retornados 29 mil 598 guatemaltecos.

En lo que va del 2014, 6 vuelos han ingresado al país provenientes de EE.UU., con casi 800 guatemaltecos. De acuerdo a la proyección de la DGM, la cifra de deportaciones para el presente año podría ser similar que la del 2013, o incluso aumentar debido al reforzamiento de la seguridad fronteriza en el país del norte.

Según la Organización Internacional de Migraciones, el 97.4% de los guatemaltecos en el extranjero se encuentra en Estados Unidos, el restante 2.6% se encuentra en otros países especialmente en Centroamérica, México y un pequeño porcentaje en Europa.

Es de destacar que la detección de migrantes en México, según organizaciones en el tema, ocurre por parte de las autoridades migratorias quienes se encuentran en fronteras o puestos migratorios de verificación de documentación.

Caso similar en Estados Unidos, donde la mayoría de las detenciones de migrantes indocumentados se efectúa en las fronteras, pero también a través de la verificación de documentación partir de la implementación de programas como las “Comunidades Seguras”, que faculta a los residentes a denunciar la existencia de migrantes “no autorizados”.

Por último y con mayor frecuencia la detección de los migrantes a través de actos en que incumplen leyes o realizan infracciones, acto que ventila y coloca al migrante en una posición de deportación inmediata.

La directora ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), Alejandra Gordillo, da a conocer que de los 200 mil guatemaltecos que intentan anualmente llegar a EE.UU. de manera ilegal, un 80% son detenidos en las fronteras de Texas y Arizona, explicando así el aumento de las deportaciones.

Además, la representante de Conamigua que la expectativa por que se apruebe la reforma migratoria es poco alentadora, pues hasta el momento se ha mostrado cero avances y voluntad de los republicanos en beneplácito de las personas que por una u otra circunstancia, decidieron ingresar a aquel país como indocumentados.

“Nosotros conseguimos 120 firmas de alcaldes y gobernadores de Guatemala y se las enviamos a la embajada norteamericana para el apoyo del TPS y la reforma migratoria. Ningún país está haciendo lobby en este tema actualmente, ni México que tiene mucha experiencia, pues decidieron desistir del “lobbysmo” desde el 2012 cuando comprobaron que no es factible, menos para una reforma migratoria”, expone.

En ocasiones, los connacionales deportados carecen muchas veces de antecedentes laborales o referencias para iniciar la búsqueda de trabajo en el país; muchos de ellos no tienen siquiera documentos de identificación, otros, tienen nuevas experiencias y/o capacidades no acreditables en Guatemala.

Además, muchos llegan al país sufriendo vergüenza por el “fracaso” del viaje al norte, lo que trae depresiones y problemas familiares. A ello hay que agregar lo que significa la pérdida de ingresos para la familia cuando el deportado enviaba remesas, lo que desemboca en mayor precariedad de estas personas.

“Es vergonzoso que una persona tenga que esperar hasta seis meses para obtener un pasaporte. Tampoco se ha logrado la obtención del DPI porque realmente el Gobierno nos sigue viendo como un negocio”, afirmó Roberto Calderón, presidente de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en  los Estados Unidos, Conguate.

PDH EXIGE VERIFICACIÓN

Según la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), los albergues para migrantes no sirven únicamente para quienes se van en tránsito sino también para quienes han sido detenidos en lugares de destino sin documentación. En ellos, la PDH ha observado violaciones a los derechos humanos, discriminación y largos períodos de encierro.

Muchos de los migrantes que se encuentran albergados no tienen acceso a protección de los consulados guatemaltecos o defensa en las cortes, con lo que podrían prevenir deportaciones o separaciones familiares.

La PDH ha documentado además, casos de trabajadoras sexuales que han sido capturadas en Estados Unidos, enviadas a albergues de migración y deportadas sin tomar en consideración a hijos pequeños, que se quedan al cuidado de terceras personas por períodos prolongados.

“Muchos de los guatemaltecos han interpuesto denuncias por maltrato, empujones, palabras soeces; los meten a un cuarto frío durante días y de donde salen con problemas de salud. Lo que tenemos que hacer es presionar a las autoridades a que tengan una política exterior para que los guatemaltecos tengan un mejor trato allá”, insta Flora Reynosa, titular de la Defensoría del Migrante.

También se han documentado casos de mujeres en tránsito, que en su recorrido fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual; otras guatemaltecos se presume, son víctimas de explotación laboral mientras logran llegar a EE. UU., principalmente en México.

MÉXICO, UN TERRITORIO HOSTIL

Tanto para guatemaltecos como para el resto de centroamericanos, México ha sido históricamente paso de migrantes, pero también constituye un espacio de riesgo y vulnerabilidad para aquellos que migran de manera ilegal, pues cada día se registran hechos donde los migrantes son sujetos de extorsiones, secuestros, tortura, violaciones sexuales, tráfico y trata de personas, e incluso la muerte.

Pese a estas dificultades en el tránsito, quienes logran ingresar a Estados Unidos, también enfrentan una serie de obstáculos para su incorporación a la vida cotidiana, dada la persecución y la precaria situación inicial, lo cual muchas veces los hace presa fácil de acoso por autoridades, explotación laboral, mal pago o falta de prestaciones mínimas que inciden negativamente en sus condiciones de vida.

Si bien, los receptores de remesas son las familias, son estas mismas las que en vez de invertir para la obtención de más recursos, en los últimos años son víctimas de extorsión, amenaza y robo por redes del crimen organizado y el narcotráfico.

Según datos de Menamig, cada hora alrededor de 14 personas salen de Guatemala con el objetivo de mejorar su calidad de vida y el bienestar de sus familias; esto significa que cada día salen del país alrededor de 330 personas quienes buscan mejores oportunidades de desarrollo. De igual forma, se estima que unos 176 mil connacionales permanecen con estatus irregular en México por diversas situaciones.

Asimismo, con mayor frecuencia se identifican más actores que hacen de los migrantes, su fuente de ingreso por medio de extorsiones, secuestros e incluso tráfico de drogas al utilizarlos como “mulas”. Estos actores se entremezclan incluso con autoridades y funcionarios que se aprovechan del flujo migratorio para cobros arbitrarios, discriminar y abusar sistemáticamente de los migrantes.

REFORMA ANTES DE TPS

Al ser consultado, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Carrera, dijo que lamenta la proliferación de estafas y engaños de los cuales son objeto los guatemaltecos por parte de tramitadores y “personas inescrupulosas”, lo cual repercute de manera directa en el número de arrestos de migrantes y por consiguiente, de las deportaciones al país.
 
“Las deportaciones han aumentado porque estos sinvergüenzas están llevando cada vez más gente con engaños y porque la mayor parte de capturas se están haciendo en las fronteras o porque son personas que llevan de tres a cuatro semanas de haber ingresado al territorio norteamericano”, expresa el Canciller.

Asimismo, sobre los pocos resultados del actual Gobierno en este tema, Carrera responde que los esfuerzos interinstitucionales siguen concentrados en una eventual aprobación de la reforma migratoria, a pesar que de lograrse, no beneficiaría a la mitad de la población migrante.

Sobre otros mecanismos de protección, el jefe del Minex recalca que la petición de TPS para Guatemala sigue en pie, más no en discusión pese al acumulado de desastres y otros cataclismos en los últimos años registrados en el país.

“Lo que pasa es que EE. UU. se ha negado a otorgarlo en estas condiciones, pero tengo la impresión que cada vez hay más demora para el proceso de reforma migratoria y el TPS tampoco llega. En 2014 nuestro trabajo es redoblar esfuerzo para lograr algún tipo de protección temporal para la población guatemalteca mientras llega la reforma”, puntualiza el funcionario.

Los entrevistados coinciden en que existiría una mínima posibilidad de que el Congreso estadounidense logre aprobar en el presente año la reforma migratoria, pero señalan que dependerá en gran medida de cuántos representantes republicanos buscarán la reelección sin tener que enfrentar en las elecciones primarias a candidatos del ala más conservadora, conocida como el Tea Party.   

Mientras tanto, los demócratas continúan manifestando su rechazo a cualquier solución que no incluya la opción de la naturalización, pues consideran que crearía una subclase con derechos jurídicos vulnerados.