Buscando un conveniente baño de rosas, el Presidente sacrificó a otro de sus amigos, esta vez el Ministro de Gobernación que sale bajo el señalamiento derivado del negocio de la compra de combustibles para la Policía Nacional Civil. Obviamente el señor Raúl Velásquez no había logrado absolutamente nada en materia de seguridad ciudadana, pero esa constante de cambios que se inicia con la misteriosa muerte de Vinicio Gómez, ayuda a incrementar el clima de inseguridad y zozobra que aflige a los guatemaltecos.
Las cosas se pusieron peor cuando por presión de la esposa del Presidente se nombró a Salvador Gándara en el puesto, removiendo a Francisco Jiménez que trató de darle continuidad a los planes de Vinicio Gómez y tenía una visión de largo plazo. Gándara, en cambio, llegó con la misión de trasladar fondos del Ministerio a los programas de Cohesión y con el ofrecimiento de que en pocas semanas reduciría la criminalidad mediante un trabajo orientado a la limpia de delincuentes, para lo cual echó mano de cuadros policiales ya de baja que en el pasado realizaron esa función, además de hacer sus propios negocios. Cuando la situación se volvió insostenible llegó Velásquez, quien nunca tuvo equipo ni capacidad de liderazgo para implementar políticas coherentes y el ministerio fue nido de pleitos entre bandos que, obviamente, minaron la capacidad de respuesta ante un crimen organizado mucho más competente que las fuerzas de seguridad. Pero es que el fondo del problema está en los compromisos que hay en las altas esferas con grupos que forman parte de esos mil guatemaltecos que, como dijo Carlos Castresana el sábado, tienen de rodillas a catorce millones de guatemaltecos. Carlos Menocal ha sido el comisionado contra la impunidad y una especie de contraparte del Gobierno al aporte de la CICIG y hoy dijo que Castresana tiene razón en todo lo que ha dicho con relación a la falta de apoyo real al trabajo de la comisión. Por lo menos no llega con la visión del Presidente de la Corte Suprema, en el sentido de que Castresana exagera, pero le hará falta mucho apoyo para mejorar la seguridad. La ausencia de una política nacional de seguridad es alarmante porque la población está realmente angustiada por la situación y esos cambios constantes, por justificados que sean en casos como el de Gándara y Velásquez, solo demuestran el pobre criterio del Gobierno para escoger a sus colaboradores en un área que debiera ser fundamental para cualquier gobierno, pero que evidentemente no es la prioridad del actual. Y por ello es que seguimos dando tumbos, sin ton ni son…